La organización ecologista GOB Mallorca ha pedido este martes al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recurra ante el Tribunal Constitucional el decreto de simplificación administrativa del Govern balear para provocar su suspensión.

La entidad ha preparado una carta con la argumentación para el recurso de inconstitucionalidad, un escrito que prevé dirigir a Sánchez en los próximos días. El GOB fundamenta ese recurso en la vulneración de los “principios de igualdad, seguridad, no regresión y protección ambiental”.

El GOB recuerda que el texto del Govern de la ‘popular’ Marga Prohens, que convalidará este martes el Govern, modifica más de 50 normas. Los ecologistas consideran considera que “implica consecuencias graves en cuanto a las garantías de protección de los recursos naturales y del suelo” y además creen que no se justifica “en absoluto la urgencia más allá de la evitación del debate social y político”.

El grupo se ha referido, entre otros, a aspectos como la eliminación de la Comisión de Medio Ambiente, la legalización de edificios en rústico, los nuevos aparcamientos en playas saturadas, la modificación de la Ley de Reserva de Biosfera, o la “desarticulación” de la Iniciativa Legislativa Popular que esta misma organización impulsó sobre el Bienestar de las Generaciones presentes y futuras.

Por otro lado, el GOB ha informado de que se persona en los ayuntamientos como parte interesada en todos los expedientes de legalización de construcciones en rústico que se puedan tramitar a raíz de este Decreto. La entidad ha criticado que el hecho de que los procedimientos de legalización se realicen en los ayuntamientos, sin pasar por comisiones o informes de otros organismos, hace que estas legalizaciones “sean completamente opacas”.

En este sentido, el GOB ha expresado sus “sospechas de fraude” en expedientes de legalización con esta “nueva amnistía”. “No se puede permitir un nuevo coladero de ilegalidades que premie las infracciones y permita, aún más, que los especuladores hagan negocio a costa de nuestro dañado territorio”, han protestado los ecologistas.

Por ello, al personarse en los procedimientos el GOB busca que se le tenga que dar traslado de todos los expedientes, recordando que un informe del Defensor del Pueblo ha avalado que tiene derecho a acceder a ellos.