El vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha aseverado que el Govern desistió de la reclamación de 2,6 millones de euros de las mascarillas adquiridas a la empresa vinculada supuestamente a la trama Koldo, iniciada por el anterior Ejecutivo, porque “estaba abocada al fracaso”, pero ha insistido en que el expediente de reclamación “no ha caducado”.

El representante del Ejecutivo balear ha indicado que el motivo de esa renuncia fue que “alguien tardó tres años en intentar reintegrar los 2,6 millones de euros” de las mascarillas fraudulentas y porque “alguien hizo un certificado que decía que el contrato se había cumplido perfectamente”.

Por estos motivos, ha señalado que el actual Govern decidió emprender otra reclamación que, a su juicio, ofrecía “más garantías”, puesto que se declaraba nulo el contrato con la empresa Soluciones de Gestión y, en este caso, se reclamaban los 3,7 millones de euros del importe total del contrato.

Costa ha incidido en que, en un análisis “detenido” del expediente de la primera reclamación, “a lo mejor había que darle la razón a Soluciones de Gestión” y la conclusión final era que “la empresa había cumplido sobradamente con el contrato”, por lo que, a su modo de ver, esa reclamación podría resultar fracasada.

En la misma línea ha ahondado la Conselleria de Salud que, en un comunicado posterior, se ha referido a la la rueda de prensa que ofrecieron el 21 de marzo el propio Costa y el director general del IbSalut, Javier Ureña, en la que este último explicó que el motivo del desistimiento del expediente de reclamación era la “dificultad en que prosperase”, a causa del “certificado de conformidad que la administración anterior emitió a la empresa el 12 de agosto de 2020”.

La Conselleria ha explicado que el plazo de resolución del expediente de reclamación era de ocho meses –y no tres– a contar desde el 24 de agosto de 2023, de acuerdo con el artículo 212.8 de la Ley 9/2017, de contratos del sector público.

“La aplicación de este artículo a los procedimientos de resolución de contrato en Baleares fue establecida por medio del Acuerdo de la Comisión de la Junta Consultiva de Contratación de Baleares de 30 de noviembre de 2023, y así lo constata por medio de una diligencia la jefa del departamento de Contratación del Servicio de Salud”, han alegado desde Salud.

Costa ha señalado que en aquella rueda de prensa se apuntó, “por error”, que el plazo de desistimiento era de tres meses pero “en ningún caso” estos tres meses eran “el plazo vigente”, que en realidad era de ocho meses, algo que ha señalado que se rectificó.

De acuerdo con estos plazos, una vez presentadas las alegaciones por parte de la empresa, aún quedaban cinco meses para resolver el expediente. A pesar de ello, el IbSalut optó por abrir el pasado día 21 de marzo una nueva vía administrativa para declarar la nulidad del contrato y reclamar no solo los 2,6 millones de euros, sino los 3,7 millones de euros íntegros que fueron abonados a la empresa.

El Servicio de Salud ha reiterado que, desde su punto de vista, hay “suficientes elementos” para declarar la nulidad del acto de adjudicación del contrato a la empresa y solicitar la restitución de los 3,7 millones de euros a las arcas de la comunidad autónoma.

“Esta nueva vía administrativa abierta se fundamentó en la falta de capacidad para contratar el suministro objeto de este contrato, ya que el objeto social de la empresa no contemplaba la compra de las mascarillas, la falta de solvencia económica de la empresa y la falta de solvencia técnica de la empresa”, ha defendido la Conselleria de Salud.