Las defensas en el juicio por los presuntos sobornos a policías locales en la Playa de Palma han sostenido este lunes que la acusación de la Fiscalía no debería tenerse por válida por falta de concreción, al tiempo que han atacado la “diabólica instrucción” del caso por parte del juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán.

La Sección Primera de la Audiencia Provincial concluye este lunes el juicio, que comenzó el 8 de abril. En el banquillo se sientan nueve policías locales, un funcionario del Ayuntamiento y el empresario del ocio nocturno, acusados de formar una trama para beneficiar a los locales propiedad de éste último en el Arenal, supuestamente a cambio de consumiciones gratis, servicios sexuales y trato preferente.

Se trata de una de las piezas en las que se dividió la macroinvestigación sobre la supuesta corrupción en la Policía Local de Palma.

La jornada se ha centrado en los informes de las defensas. Entre otros argumentos, consideran que la acusación de la Fiscalía no está válidamente formulada porque “no se determinan los hechos concretos, las fechas o las personas que los cometieron”.

“Es imposible defenderse de una acusación tan genérica”, ha razonado uno de los letrados. Otro ha remarcado que su cliente ni siquiera formó parte del Grupo de Actuación Preventiva (GAP), la Patrulla Verde ni ninguna de las unidades que se mencionan en el escrito de Anticorrupción: “Pensaba que nos retirarían la acusación”, se ha sincerado.

El abogado de otro policía enfatizaba que la primera vez que se oía el apellido de su cliente en la Sala ha sido al darle la palabra a él para el informe, porque “nadie lo ha mencionado y su nombre no aparece en ningún expediente”.

Atendiendo a estas deficiencias, las defensas han solicitado al Tribunal que absuelva a los acusados de forma directa, sin necesidad de entrar en más consideraciones.

LA “GUILLOTINA DE SUBIRÁN Y EL JUEZ”

En cualquier caso, los alegatos finales también han argumentado que no hay ninguna prueba de las dádivas a los funcionarios ni de los beneficios al empresario; y advertido de la “diabólica instrucción”, “plagada de irregularidades” de la causa en el Juzgado. Como han recordado, en el juicio varios testigos “niegan haber declarado lo que consta en sus declaraciones” en la fase de investigación.

Esas declaraciones se hicieron, ha rematado una abogada, “bajo la guillotina de Subirán y el juez”. Los testigos “sabían que si no señalaban a quien ellos querían irían a prisión”, ha añadido la defensora, que cree que juez y fiscal maniobraron para “frenar la carrera administrativa” de los acusados: “Mi representado hoy podría ser mayor de la Policía Local”.

En la misma línea, los abogados han combatido la lectura de las declaraciones de testigos protegidos practicadas durante la investigación bajo secreto –sin intervención de las defensas–, o de personas que declararon como investigadas –y por tanto, sin obligación de decir verdad–.

DECLARACIÓN INCRIMINATORIA

También han cuestionado que se pueda considerar “testigo rey” al exencargado del ‘American Table Dance’ que reconoció que Pascual le ordenó no cobrar a un funcionario municipal como agradecimiento por haberle “solucionado” un permiso.

El hombre, de edad avanzada, prestó una confusa declaración con claras incoherencias temporales. “No es prueba de nada, este hombre no está bien”, ha apuntado el abogado del funcionario. Otra de las defensas llamaba la atención sobre que la propia Fiscalía ha pedido deducir testimonio contra él pese a “dar por bueno” la parte incriminatoria de su relato.

Asimismo, los abogados han defendido los puntos fijos –‘plantones’– del GAP frente al Bierkönig por ser un “punto caliente” de la Playa de Palma, o el hecho de que los encargados tuvieran el teléfono directo de la unidad: “El teléfono corporativo se utilizaba para trabajar, era operativo, para comunicar incidencias”. También han lanzado que los hechos estarían prescritos.

LA FISCALÍA REBAJÓ LAS CONDENAS POR RETRASO EN LA CAUSA

El pasado viernes, la Fiscalía Anticorrupción rebajó su petición de condena al introducir en su escrito una atenuante de dilaciones indebidas por el retraso en la tramitación de la causa, si bien mantuvo en esencia su acusación.

El Ministerio Público, que originalmente solicitaba cinco años de prisión para el empresario, pide ahora cuatro años de cárcel por cohecho activo. Rebaja igualmente la multa, de 60.000 a 54.000 euros.

Del mismo modo, el nuevo escrito del fiscal rebaja en seis meses su petición de cárcel para los policías y el funcionario. Así, la petición se queda en cuatro años de prisión, y la multa en 43.200 euros, para cada uno; además pide todos una inhabilitación de nueve años y medio para empleo público –para el subinspector añade otros diez años por prevaricación administrativa continuada–.

La Fiscalía plantea dos peticiones subsidiarias en caso de que la Sala considere que los hechos no se ajustan al tipo penal del delito planteado; así, como segunda posibilidad pide condenas de tres años de cárcel y como tercera, de nueve meses.

Además, Anticorrupción pide deducir testimonio contra dos testigos, los antiguos encargados del Bierkönig y el American Table Dance. Al primero lo acusa de mentir y al segundo de haber prestado una declaración “incompleta” y renuente.