Los empresarios que denunciaron el supuesto amaño del concurso de playas de Felanitx han declarado este lunes, en la Audiencia Provincial, que el concejal de Playas, Juan Ramón Vidal, les adelantó los pliegos unos días antes de que se publicaran.

Estos dos empresarios que también optaban al concurso –a la explotación de playas y al servicio de socorrismo– han sido los primeros testigos en el juicio por este presunto caso de corrupción, que juzga estos días la Sección Segunda de la Audiencia.

La Fiscalía acusa al exalcalde del PP Biel Tauler (2011-2015) y al exconcejal de Playas, Juan Ramón Vidal, de haberse concertado para asegurar que la concesión fuera a parar a una empresa determinada, Marportunbeach.

En el juicio, uno de los empresarios de la acusación ha explicado que “mes y medio antes” del anuncio del concurso empezaron a correr rumores sobre que el Ayuntamiento iba a agrupar los servicios y juntar las playas en lotes; pero al consultar, el alcalde y el regidor se lo desmentían tajantemente. Según el testigo, también se comentaba que se iba a contratar a un “gurú” para elaborar los pliegos, “cosa que los funcionarios no entendían”.

En ese contexto, los dos competidores han coincidido en que “cinco o seis días antes del concurso” el concejal les citó en un bar de Campos y allí les entregó una copia de los pliegos que se iban a publicar en el Boletín Oficial (BOIB).

“Se sentó en nuestra mesa y nos dio los pliegos de condiciones en un sobre. Estábamos extrañadísimos, pensé que tenía que ser una encerrona”, ha explicado el primero de los testigos. “Dijo que era para ayudarnos”, ha añadido.

Siguiendo con su versión, el empresario advirtió a su colega de que esta actuación “era totalmente ilegal” y “podía ir en su contra”. Fue a hablar con el alcalde pero Tauler “se mantuvo” en que no se iban a unificar las playas en lotes: “Me dijo que me olvidara de este pliego”. Con todo, el empresario no denunció los hechos hasta después de la adjudicación.

La Fiscalía cree que el adelanto de los pliegos a estos dos empresarios fue una maniobra del concejal para disfrazar el trato preferente a la empresa ganadora, que según la acusación habría sido informada mucho antes de las condiciones –con modificaciones sustanciales respecto a los concursos previos–.

En este sentido, los denunciantes han coincidido en que con el escaso plazo de presentación de ofertas “no era viable” realizar una propuesta para unos pliegos de aquel volumen sin haber trabajado en ello con “meses” de margen. Uno ha ejemplificado que su propia empresa pudo presentar a duras penas unos 50 folios; la ganadora, 1.300 páginas: “Imposible si no lo había preparado meses antes”, sugería.

“Era de locos, se veía claramente que se quería favorecer a alguien”, han dicho los denunciantes, recalcando que el ganador, para poder optar, cambió el objeto social de su empresa mucho antes del concurso. También han subrayado que el denunciado montó su chiringuito incluso “antes de la concesión”: “O sea, él sabía perfectamente que era el dueño de todo, que podía hacer lo que quisiera”.

En esta línea, los dos empresarios ambos han expresado su frustración porque todos los recursos que presentaban parecían caer en saco roto. Además, también sospechan de un supuesto trato de favor por otras irregularidades, como que el empresario presuntamente favorecido “hacía fiestas ilegales” –a las que iba el concejal, han dicho– o que tenía más mesas de las autorizadas: “Un 80 por ciento de la playa la empleaba para su negocio”, han protestado.

PRESUNTO AMAÑO

La Fiscalía sostiene que el presunto amaño se gestó elaborando un concurso a medida, adelantando los pliegos al empresario para darle ventaja, acortando ilegalmente los plazos de presentación de ofertas e incluyendo a una persona ajena al Ayuntamiento en las valoraciones, según las tesis del fiscal Anticorrupción Juan Carrau.

Anticorrupción pide para el exalcalde una pena de dos años de cárcel y 20 años de inhabilitación para ejercer cargo público, por presuntos delitos de prevaricación continuada y fraude.

Para el regidor pide cuatro años de cárcel e inhabilitación por 23 años; y para el empresario, cuatro años de cárcel, inhabilitación para cargo público durante nueve años y pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones públicas e incentivos fiscales durante 12 años y medio, por presuntos delitos de fraude, aprovechamiento de información secreta y prevaricación continuada (este último, como inductor).

En el banquillo se sientan también el propietario de la mercantil –y la empresa como responsable civil subsidiaria–, el secretario y el ingeniero municipales y el técnico externo que elaboró los pliegos. Además se juzga también a un trabajador de la empresa ganadora, antiguo encargado del chiringuito de Cala Marçal, acusado de haber estrellado deliberadamente su coche contra el negocio de un competidor que había impugnado las adjudicaciones.

ACCIDENTE DELIBERADO

Sobre este último episodio, el acusado aseguró que fue un accidente; pero el empresario perjudicado se ha mostrado convencido de que fue intencional. De hecho, ha sugerido que el plan original podría haber sido “arrasar” con todas las mesas y huir, pero que se truncó porque “el toldo se le cayó encima y quedó empotrado contra un pino”.

El suceso tuvo lugar media hora después de cerrar. “Me avisó mi hijo de que se había empotrado un todoterreno de aquellos alemanes que parecen tanques, me tiró todas las barras. Cuando vi al ‘personaje’, la primera frase que me salió es que esto ha sido intencionado”, ha rememorado, apostillando que el hijo del trabajador acusado, que iba en el vehículo, le dedicó “una peineta” en aquel momento.

Además, según el denunciante, este incidente tuvo lugar sólo dos días después de recibir un aviso, a través de un tercero, de que tuviera cuidado porque este trabajador estaba “muy violento y muy nervioso”.