El juicio por el caso Cursach se retomará el próximo 10 de octubre en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares después de que este viernes hayan finalizado las declaraciones de los 17 acusados.
Así lo ha comunicado la presidenta del Tribunal, la jueza Samantha Romero, al Ministerio Fiscal, acusaciones particulares, abogados de la defensa y procesados una vez que han acabado las declaraciones previstas para este viernes, la de los policías Tomás Mas y Daniel Montesinos.
Ambos han negado dar preavisos de inspecciones a locales nocturnos y han subrayado irregularidades en la instrucción judicial. El primero que se ha sentado ante el Tribunal ha sido Tomás Mas, para quien la Fiscalía pide una multa de 18 meses con una cuota diaria de 60 euros por un delito de revelación de secretos.
Mas, que sólo ha respondido a preguntas de su abogado, ha afirmado que “nunca” ha dado aviso a nadie. En concreto, le han preguntado sobre un local de El Arenal, sobre el que el agente ha indicado que no conoce al dueño. “No puedo darle aviso si no lo conozco”.
Además, Mas ha recalcado que a pesar de estar suspendido, no tenía acceso a informes de la Patrulla Verde. En este sentido, ha resaltado que cada unidad, dentro de la Policía Local de Palma, trabajaba de forma “hermética e independiente”.
Seguidamente, el letrado le ha interrogado sobre un expediente que Tomás Mas abrió a un compañero agente. En este sentido, ha defendido que dio cuenta de unos hechos después de pensárselo durante un tiempo, pero finalmente el fiscal Miguel Ángel Subirán lo paró, “como infinitas otras cosas”, y finalmente el policía no fue sancionado, ni él fue llamado para declarar.
En cuanto a las declaraciones en la fase de instrucción del caso Cursach, Tomás Mas ha aseverado que se sintió “intimidado” por el fiscal Subirán “en todas” las veces que compareció. “No sé por qué motivo me tenía esa inquina”.
A continuación, el agente Daniel Montesinos, integrante del Grupo de Acción Preventiva (GAP), ha negado haber dado preaviso de alguna inspección a establecimientos. La Fiscalía le atribuye delitos de cohecho pasivo continuado, coacciones, revelación de secretos y amenazas condicionales, hechos por los que pide ocho años de cárcel.
Durante su relato, el policía local, que ha indicado que entró en el Cuerpo Municipal en 2005, ha descrito su labor como agente en el GAP y ha justificado que algunos establecimientos de la zona de Gomila cerraran antes de hacer inspecciones porque las reuniones de policías se realizaban “a escasos metros de estos y podían ser vistos perfectamente”.
Montesinos ha destacado el acoso por parte de un superior y ha señalado al grupo de “Los honrados” -nombrados así en la fase de instrucción- incorporaban carteras perdidas cuando hacían operaciones contra carteristas. Además del ‘mobbing’ por parte del superior, el agente ha sostenido que también lo sufrió por parte de este grupo.
Su abogado también le ha interrogado sobre el careo con El Ico en fase de instrucción ante el juez Manuel Penalva y el fiscal Subirán, y ha asegurado que no lo conocía.
“Me acusaba de que yo le había comprado dos kilos de drogas a cambio de dos pistolas, que tomaba drogas con él. Le dije al juez que me hicieran prueba de drogas, que yo no había tomado nada en mi vida”, ha sostenido, para después afirmar que El Ico empezó a llamarlo de otro modo por el nombre de Vallecillo: “Yo no entendía nada”.
Seguidamente, el Tribunal ha preguntado a las diferentes partes sobre los testigos y peritos, cifrados en 355. Uno de ellos será el ex alcalde de Calvià Carlos Delgado, que testificará a propuestas del abogado de Bartolomé Sbert, ‘mano derecha’ de Cursach.
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