La consellera de Salud, Patricia Gómez, ha insistido este viernes en que los profesionales sanitarios llegados de fuera de Baleares “saben” que el archipiélago es “una Comunidad bilingüe” y que “tienen interés” en aprender catalán para poder atender a los pacientes en las mejores condiciones.
Así se ha expresado Gómez durante un acto en Montuïri, preguntada por la exigencia de conocimientos mínimos de catalán en el acceso al empleo en la sanidad pública balear.
La consellera ha recordado que la legislación actual permite excepcionar del requisito de catalán en las categorías en las que haya déficit de profesionales. En este sentido, según ha publicado el diario ‘Última Hora’, el hecho de que todas las categorías de médicos y enfermeras sean deficitarias está suponiendo, en la práctica, que todas queden exentas de aportar el título de conocimientos de catalán.
En este contexto, Gómez ha remarcado que “no ha habido ningún cambio ni legislativo ni normativo”, y que la excepción de los requisitos de catalán “se debe justificar en cada una de las pruebas”.
En cualquier caso, Gómez se ha mostrado convencida de que, “por supuesto”, los trabajadores llegados de fuera de Baleares acabarán estando capacitados para atender en catalán a los pacientes. Para Gómez, no hay “un conflicto” dentro del ámbito sanitario porque los profesionales “saben que la comunicación es la primera herramienta para poder atender al paciente” y comparten que éstos deben poder expresarse “en la lengua en la que más cómodos se sientan”.
“Lo saben, lo entienden y siempre hacen esfuerzos por aprender catalán”, ha afirmado la titular de Salud.
Contratos Fijos
Además, ha sostenido que “la buena noticia” es que al terminar la legislatura habrán estabilizado a 100.000 profesionales que eran eventuales y “acabarán siendo fijos”.
Cabe recordar que, en marzo de 2018, el Govern aprobó un decreto por el que cualquier aspirante podía ser admitido en los procesos selectivos públicos, independientemente de su nivel de catalán, y obtener una plaza con la condición de personal estatutario fijo. Sin embargo, se introducía la obligación de acreditar el nivel requerido de catalán en un máximo de dos años tras la obtención de la plaza. El personal que no lo hiciera, aunque mantendría la plaza, perdía el derecho a participar en procedimientos de movilidad o acceder a derechos económicos de la carrera profesional.
El sindicato CSIF recurrió este decreto considerando que discriminaba el acceso igualitario al empleo público. El Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) lo anuló y en 2021 el Tribunal Supremo hizo firme esa decisión al inadmitir un recurso del Govern.
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