La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares inicia el lunes (09.00 horas) el juicio contra los investigadores del caso Cursach, el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán, para los que Fiscalía solicita 118 y 121 años de prisión, respectivamente.
Cabe destacar que en esta causa también están imputados miembros del Cuerpo Nacional de Policía del Grupo de Blanqueo de Capitales. En concreto, el inspector jefe José Luis García, el subinspector Miquel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera.
De este modo, está previsto que los días 5 y 7 de junio se reserven para cuestiones previas. Después, el Tribunal retomará el juicio los días 22 y 23 de junio con la declaración de los acusados.
En su escrito de más 30 páginas, la Fiscalía Anticorrupción atribuye al magistrado y fiscal de la fase de instrucción del caso Cursach delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio.
También Fiscalía solicita 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para Penalva y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para Subirán. En el escrito se señalan las instrucciones de los casos Cursach, ORA, IME y Madame.
Además para el Grupo de Blanqueo pide, por delitos de revelación de secretos, detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia, penas que suman más de 340 años de prisión.
El fiscal entiende que concurre en los acusados la agravante de prevalimiento del carácter público en los delitos de obstrucción a la justicia y en el de inducción al falso testimonio.
A estas penas de petición de cárcel se suman las presentadas por los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas. En el escrito, reclaman penas de más de 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.
LOS HECHOS
A lo largo de las 32 páginas del escrito, firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, el Ministerio Fiscal sitúa entre 2013 y 2018 cómo el juzgado de Instrucción número 12 de Palma siguió varios procedimientos penales para la investigación de diferentes hechos en los que intervinieron los seis acusados.
Cabe recordar que el fiscal Tomás Herranz fue el encargado de leer el escrito de conclusiones, entre lágrimas, del caso Cursach en el que se retiraban todas las acusaciones a los procesados y pedía perdón en nombre de la Fiscalía.
En las fechas mencionadas, el Ministerio Fiscal también describe cómo los medios de comunicación divulgaron información de las investigaciones judiciales del caso Cursach, ORA e IME con informaciones “facilitadas por los acusados y sin que evitaran o impidieran su divulgación ni investigaran quién filtraba la información”.
En detalle, en el escrito de acusación desgrana informaciones publicadas en diferentes medios de Baleares estando la causa bajo secreto de sumario.
Además, el Ministerio Fiscal sostiene que las detenciones de 15 personas en el caso ORA se llevaron a cabo tras un testimonio “de contenido completamente inconcreto y especulativo”. Indica que tras “una muy deficiente investigación”, los acusados practicaron detenciones, presiones a detenidos, investigados y testigos y envíos a prisión.
La Fiscalía también alude a la detención del ex político del PP Álvaro Gijón, su hermano y sus padres con la motivación de “presionar y ablandarlo”, y la imputación a cada uno varios delitos “inexplicablemente”. Tras las declaraciones, los padres quedaron en libertad, pero el Ministerio Fiscal explica que el hermano de Gijón continuó arrestado “sin motivo alguno que lo justificara”.
En referencia a Gijón, los fiscales argumentan que “los investigadores se habían fijado como meta demostrar su implicación y entre todos decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político”.
La Fiscalía describe siete hechos más en las instrucciones judiciales del caso Cursach en las que describe presiones de Penalva, Subirán, Blanco, Bandera, Ruiz y Reguera a diferentes testigos y detenidos, entre ellos el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert.
Con todo, el Ministerio Fiscal solicita a los acusados indemnizaciones para 15 detenidos a razón de 6.000 euros para cada uno por la privación de libertad y los daños morales.
PENALVA Y SUBIRÁN PIDIERON SU ABSOLUCIÓN
Cabe recordar que, el pasado febrero, Penalva y Subirán solicitaron su absolución en la investigación abierta contra ellos, alegando que no cometieron ningún delito mientras investigaban a Cursach.
Así, los juristas presentaron su escrito de defensa en el que, además, aseguraron que se vieron sometidos a episodios de intimidación y persecución.
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