El jefe del Equipo TIC y de Análisis de Información de la Oficina de Prevención y Lucha contra la Corrupción en Baleares (OAIB) ha remitido un informe al Parlament y al Govern donde advierte del riesgo de pérdida de datos con un cierre “sin planificar y garantizar la transición adecuada” de los servicios.
El funcionario ha dirigido este informe al presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, y el vicepresidente del Govern y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa; así como al director general de Función Pública, Antoni Mesquida, y la secretaria general de la Conselleria de Presidencia, María José Bauzá.
Con este escrito, el jefe de informática solicita una reunión urgente antes del cierre efectivo de la Oficina, tras la aprobación el pasado martes en el Parlament, de la ley que supone su liquidación en un plazo de seis meses.
El funcionario expone que es necesario continuar pagando una serie de servicios que forman la infraestructura informática de la oficina hasta que se traspasen los datos –la mayor parte almacenados en la nube– de forma efectiva. El caso de la sede electrónica “es crítico” porque todos los datos “se perderán si no se migran adecuadamente”.
Además, el jefe de informática remarca que “para acabar de complicar aún más la situación”, algunas funciones de la Oficina las asumirá el Parlament –es el caso del Registro de declaraciones– otras funciones pasarán al Govern –las denuncias en tramitación–, “pero otras no las asumirá nadie”, “denuncias finalizadas, por ejemplo”.
Asimismo, “la realización de la auditoría que se tiene previsto realizar también será problemática, si no hay nadie que tenga los conocimientos de cómo funcionan los servicios, las cuentas de administrador de las diferentes aplicaciones, o cómo está organizada toda la información de las diferentes áreas”.
“El cierre de la Oficina sin planificar y garantizar la transición adecuada de estos servicios que se prestan mayoritariamente en la nube (aplicaciones y datos), hacia las administraciones que se tengan que hacer cargo, supondría una pérdida de datos potencialmente irreparable”, avisa el jefe del Equipo TIC de la Oficina, que expresa su preocupación por la “falta de previsión en el cierre” del organismo.
El trabajador cree que al menos una parte del personal debería haber continuado en su puesto de trabajo hasta que el traspaso de datos, funciones y competencias se hubiera llevado a cabo. Trasladó esta preocupación al director general de Función Pública en una reunión personal en enero “pero a día de hoy parece que no se ha hecho nada para paliar este hecho”.
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