La convalidación del Decreto para el turismo responsable, a debate en el pleno del próximo martes en el Parlament

La convalidación del Decreto para el turismo responsable será uno de los temas a debate en el pleno del próximo martes en el Parlament, que comenzará a las 09.00 horas con la sesión de control al Govern, que en esta ocasión se centrará sobre todo en el decreto de simplificación administrativa y el conflicto social en Son Gotleu.

El Decreto para el turismo responsable, que renombra el anterior de ‘turismo de excesos’ y que incluye, como novedad, la prohibición de beber alcohol en la calle en las zonas reguladas con sanciones que van de los 500 a los 1.500 euros, fue aprobado en la reunión del Consell de Govern del pasado 10 de mayo. También como novedad, el decreto tendrá una vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027.

La nueva redacción incluye algunas correcciones y modificaciones en favor de una mayor operatividad del Decreto, para que se adapte a la situación actual y nace de las reuniones mantenidas entre el conseller de Turismo, Cultura y Deportes, Jaume Bauzà, y los principales actores del sector turístico de Baleares.

De este modo, por ejemplo, se mantiene la delimitación de las zonas afectadas de Palma y Sant Antoni de Portmany, y se modifican las de Calvià, que disminuye en metros, y Llucmajor, a petición expresa de los ayuntamientos. También se modifica la composición de la Comisión para el Fomento del Civismo en Zonas Turísticas.

Igualmente queda prohibido para las embarcaciones con fiestas o eventos multitudinarios y venta de alcohol a bordo acercarse a menos de una milla náutica (1,852 km) de las zonas afectadas por este Decreto. Queda prohibida también la recogida o desembarco de pasajeros dentro de estas zonas.

Y, por otro lado, se establece el deber, por parte de los ayuntamientos afectados por este Decreto, de informar, con una periodicidad mínima anual, a los consulados que forman parte de la Comisión de Excesos del número de incidencias detectadas por incumplimiento de las ordenanzas cívicas municipales.

Asimismo, el Decreto incluye una reserva de un máximo de cuatro millones de euros anuales del Impuesto del Turismo Sostenible (ITS) para cada uno de los municipios afectados. En total serán 16 millones anuales para la financiación de proyectos referentes a medidas de mejora de la inspección, seguridad y concienciación para un turismo responsable en las zonas determinadas y afectadas por este Decreto.

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA Y CONFLICTO EN SON GOTLEU

Previamente al debate del Decreto, el pleno acogerá la sesión de control al Govern que, el próximo martes, se centrará sobre todo en el decreto de simplificación y racionalización administrativas, además de en el conflicto social en el barrio de Son Gotleu (Palma).

En cuanto a la simplificación administrativa, los grupos de la oposición han cargado contra el Govern y su líder, Marga Prohens, a quien han acusado de “llenarse la boca con consenso” con la mesa del pacto social y, paralelamente, aprobar este Decreto.

“Habla de consenso y lo destroza en 48 horas con la aprobación del decreto”, ha lamentado el portavoz parlamentario de Més per Menorca, Josep Castells, quien, en esta línea, ha opinado que “no queda duda” de que la presidenta “ha engañado con la propuesta de la mesa”.

También se ha referido al decreto el portavoz adjunto del PSIB-PSOE en el Parlament, Marc Pons, quien ha censurado “el doble discurso con el que se mueve el PP”. “El Govern, mientras anuncia la necesidad de poner límites y se compromete a trabajar en este sentido, aprueba una norma que representa la estrategia de eliminar límites, requisitos y exigencias”, ha señalado.

De su lado, el portavoz parlamentario de MÉS per Mallorca, Lluís Apesteguia, ha cuestionado la forma en que se ha aprobado esta norma, a base de decreto ley. “Modificar más de 50 leyes por decreto es la perversión más grande de nuestro sistema legal. Los decretos están pensados para casos de extrema y urgente necesidad, y no hay una medida en el decreto que lo justifique”, ha añadido el portavoz, quien, por ello, ha tildado la norma del “decreto de la barra libre”, y ha acusado al Govern de “tratar de tontos a las personas que hacen bien las cosas” con un decreto que “premia a los infractores”.

Por su parte, la diputada de Unidas Podemos, Cristina Gómez, ha opinado que el decreto es “una tomadura de pelo”, avisando al Govern que “agilizar cuando se elimina no tiene mérito”. “Fomentar pelotazos y legalizar y legalizar; eso sí es corrupción”, ha concluido.

El PP ha interpretado, de las críticas de la oposición al decreto de simplificación administrativa, que está “profundamente celosa”, y ha tildado de “bulo” que dicho decreto aumente la presión turística en las Islas.

“No pueden consentir –la oposición– que Marga Prohens haya tomado más medidas para buscar el equilibrio en menos de un año que el Govern de Armengol en ocho años”, ha dicho el portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, quien en este sentido, ha ironizado con que la oposición “no entiende cómo no se le ocurrió antes juntar a la sociedad civil para llegar al equilibrio en Baleares”.

Asimismo, en relación con el conflicto social en Son Gotleu, la portavoz de Vox en el Parlament, Manuela Cañadas, ha avisado de la “situación crítica” que se está viviendo recientemente en este barrio palmesano y ha querido expresar su “solidaridad” con los vecinos, “que viven en un entorno de violencia callejera” que, en su opinión, “es el resultado de las políticas de fronteras abiertas” del Gobierno de Sánchez “que buscan regularizar a medio millón de irregulares, entre ellos los que siembran el pánico en nuestras calles”.

Ante este escenario, Cañadas ha criticado “enérgicamente” la falta de apoyo a los cuerpos y fuerzas de seguridad en las Islas, avisando que “las plazas no están siendo cubiertas” y trasladando su apoyo a la petición de que el plus de insularidad en Baleares esté equiparado al de Melilla, que es de 600 euros.

OTROS TEMAS

Además de los debates de la sesión de control al Govern y del Decreto para el turismo responsable, durante la sesión plenaria del próximo martes se debatirán otras múltiples cuestiones entres interpelaciones, mociones y, también, proyectos de ley.

De este modo, los socialistas interpelarán al Govern sobre su política general en relación con el precio de la vivienda, por un lado; mientras, por otro, presentarán una moción acerca de la política del Ejecutivo autonómico en materia de modelo económico.

Los debates de los proyectos de ley llegarán asimismo por parte del Consell de Ibiza, que instará al Parlament a tomar en consideración el proyecto de ley de la institución insular para limitar la entrada de vehículos a la isla; y de Vox, que tratará de convencer a la Cámara para que apruebe una modificación de la Ley 9/2017, de 3 de agosto, de regulación de las corridas de toros y de protección de los animales en Baleares.