La Asociación de Vecinos del Paseo Marítimo de Palma han advertido del “caos” generado por las terrazas de los establecimientos de la zona, que han achacado al “vacío de poder” que hay entre el Ayuntamiento de Palma y la Autoridad Portuaria de Baleares (APB) para controlarlas.
La agrupación vecinal ha reprochado a ambas instituciones el “descontrol total” en la gestión e imagen de las terrazas en esta zona de la ciudad, según ha indicado en un comunicado.
“La falta de colaboración entre ambas administraciones ha dejado a los vecinos completamente desprotegidos frente a los abusos de ciertos negocios que ocupan más espacio del autorizado, ofrecen una imagen pésima a los visitantes, generan ruidos excesivos, no cumplen medidas de higiene alimentaria y alteran la convivencia”, ha manifestado.
Falta de liderazgo entre APB y Ayuntamiento
En ese sentido, han remarcado que la APB es la responsable de conceder las autorizaciones de ocupación pero “carece de competencias sancionadoras”. Por su parte, han afirmado que el Ayuntamiento se “desentiende”, al alegar que “no puede intervenir en dominio portuario”.
“Este bloqueo institucional ha provocado lo que los residentes califican como un vacío de liderazgo y gobernanza, algo que es inaceptable en esta zona de la ciudad que es la más representativa por el gran número de hoteles, cruceristas y ciudadanos que la transitan”, han subrayado.
Los vecinos han señalado los “múltiples problemas” que provocan estos establecimientos con estructuras de terrazas “sobredimensionadas”, mesas altas que fomentan “aglomeraciones de pie y consumo hasta altas horas”, almacenamiento “indebido” de mobiliario en el exterior, una contaminación acústica “constante” y “falta de limpieza por parte de muchos locales”.
Reclamaciones vecinales y demandas urgentes
Por estos motivos han planteado una serie de exigencias tanto a la APB, como al Ayuntamiento para que “asuman responsabilidades de forma urgente y alcancen un acuerdo”.
Así, piden un marco normativo “único y claro”, que se implemente un sistema de sanciones “eficaz”, que se garantice la participación “real” de los vecinos en la toma de decisiones y que se cumplan las normas de limpieza e higiene como en el resto de la ciudad.
“No es aceptable que los vecinos paguen las consecuencias de los desacuerdos entre administraciones. El espacio público no puede convertirse en tierra de nadie”, han resaltado.
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