El pleno del Ayuntamiento de Palma ha aprobado este jueves de forma definitiva la ordenanza municipal de fomento de la convivencia cívica con los votos favorables del PP y Vox y el rechazo de la izquierda.
El texto definitivo, al que se le han añadido casi la mitad de las 66 alegaciones presentadas por entidades y asociaciones ciudadanas durante el periodo de exposición pública, entrará en vigor una vez se publique en el Boletín Oficial de Baleares (BOIB).
El regidor de Seguridad Ciudadana y Civismo, Miquel Busquets, ha sido el encargado de defender una nueva normativa que ha considerado “esencial para el presente y el futuro de Palma” y de la que ha reivindicado su “amplio consenso”.
“Palma no es solo la capital de nuestra Comunidad Autónoma, es una ciudad con identidad propia, diversa, dinámica, en constante transformación, que crece y que se enriquece con la pluralidad de sus vecinos. Ese crecimiento poblacional implica nuevos retos, uno de los principales es cómo garantizar una convivencia pacífica respetuosa en el espacio público”, ha expuesto Busquets.
La ordenanza, ha apuntado, “no es una mera recopilación de sanciones y prohibiciones”, sino que incorpora “medidas claras, proporcionadas y aplicables” para hacer frente a “conductas que alteran la convivencia” como el ruido a altas horas de la noche, el vandalismo sobre el patrimonio urbano o el uso inadecuado del espacio público.
“Queremos una Palma pacificada en la que se pueda descansar, pasear y disfrutar sin hostilidad ambiental. Queremos combatir una violencia ambiental que, sin ser siempre explícita, deteriora nuestra calidad de vida”, ha sentenciado el regidor.
El portavoz del grupo municipal de Vox, Fulgencio Coll, ha justificado su apoyo al texto alegando que “da equilibrio entre derechos y deberes y busca la convivencia y seguridad de los ciudadanos”.
“Quizás habríamos cambiado algunas cosas, pero hemos aceptado que algunas alegaciones no se hayan incorporado. Es mucho mejor de lo que había y es un buen punto de partida”, ha señalado.
La regidora socialista Angélica Pastor ha sostenido que, lejos de ser fruto del “consenso, el diálogo y la escucha activa”, la ordenanza trae consigo una “persecución, vulneración de derechos fundamentales y mucha inseguridad jurídica”, que ha achacado a la actitud “elitista y clasista” del equipo de gobierno.
“Nos decepciona profundamente que se apruebe esta ordenanza. Es una pena que una norma que debe gestionar la ciudad de Palma no salga con el apoyo de todos los grupos municipales de este Ayuntamiento”, ha lamentado.
La portavoz municipal de MÉS per Palma, Neus Truyol, ha recriminado que la normativa busque “perseguir a quien piensa diferente y criminalizar la pobreza”. “Es la hipocresía de siempre del PP”, ha añadido.
Truyol ha adelantado su intención de “tumbar” la ordenanza, y en la misma línea se ha expresado la regidora de Unidas Podemos, Lucía Muñoz. “Esto no acaba aquí”, ha advertido.
LOS PRINCIPALES PUNTOS DE LA ORDENANZA
Desde que fuera anunciada hace más de un año, acordada por la Junta de Gobierno y aprobada de forma inicial por el pleno municipal, la ordenanza ha sido objeto de numerosas críticas tanto por parte de la oposición como de diferentes colectivos como los caravanistas o los artistas callejeros. Algunos de sus representantes han estado presentes en el pleno de este jueves.
Precisamente, las sanciones y restricciones para aquellas personas que empleaban las autocaravanas como viviendas era uno de los principales puntos que generaba malestar y que, tras el periodo de alegaciones, ha sido modificado.
El texto aprobado este jueves sí permite pernoctar en estos vehículos, siempre y cuando no se estacionen en el mismo lugar durante más de diez días, no saquen elementos exteriores. A las personas en situación de exclusión social no se les aplicará ninguna sanción económica.
Otra de las modificaciones que ha sufrido la ordenanza tras el periodo de alegaciones ha sido el punto relativo al grupo máximo de turistas que pueden participar en las visitas guiadas por la ciudad. Inicialmente el tope se fijó en 20 personas, pero finalmente serán 35.
En cualquier caso, tendrán prohibido el uso de megáfonos o altavoces y no se permitirán las visitas con vehículos, a no ser que estén autorizados –como el bus turístico o las galeras–. Las visitas guiadas con bicicletas o ‘segways’ se limitarán a cuatro personas y el guía.
En cualquier caso, las sanciones por las posibles infracciones de esta norma no entrarán en vigor hasta 2026 con la intención de no afectar a los contratos ya firmados para la presente temporada turística.
El texto definitivo también clarifica algunos aspectos sobre las sanciones y las autorizaciones de las actuaciones musicales callejeras, establece que los locales que ofrecen comida para llevar son responsables de la limpieza de un radio de 25 metros del espacio en el que se ubican y permite la sustitución de las sanciones a menores por realizar botellón por medidas formativas siempre que lo permita la ley.
Entre el resto de aspectos que contempla la ordenanza destacan, por ejemplo, la obligación de los usuarios de los patinetes eléctricos contraten un seguro y empleen medidas de seguridad y visibilidad.
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