Los fondos se distribuirán entre EMT Palma, TIB, Servicios Ferroviarios y los consells insulares de Ibiza, Menorca y Formentera
Financiación para garantizar la gratuidad del transporte
El Consell de Govern ha aprobado el reparto de los 63 millones de euros correspondientes a la bonificación estatal destinada a financiar el transporte público en las Illes Balears durante el año 2025, tras la publicación este jueves de la nueva Ley estatal 9/2025 de movilidad sostenible. Esta aportación del Gobierno central tiene como objetivo compensar la pérdida de ingresos derivada de la aplicación del descuento del 100?% en abonos y títulos multiviaje para usuarios recurrentes.
Según establece la ley, la comunidad autónoma recibirá un anticipo de 40,95 millones de euros en 2025, y los 22,05 millones restantes se abonarán en 2026. Esta financiación se suma a los fondos propios que aportan las distintas administraciones y empresas gestoras del transporte público colectivo terrestre en las islas para mantener la gratuidad del servicio.
Distribución por servicios y territorios
El acuerdo aprobado contempla un reparto proporcional de los fondos según los ingresos tarifarios que han dejado de percibir las administraciones gestoras. La distribución queda de la siguiente manera:
- 30,7 millones de euros para la EMT de Palma, responsable del servicio de autobús urbano.
- 22,5 millones para la red interurbana TIB de Mallorca, distribuidos en:
- 15,2 millones para el servicio de autobús interurbano,
- 7,3 millones para los Servicios Ferroviarios de Mallorca (tren y metro).
- 9,8 millones para los servicios de autobús gestionados por los consells insulares:
- 6 millones para el Consell de Ibiza,
- 3 millones para el Consell de Menorca,
- 0,5 millones para el Consell de Formentera.
Compensación por la gratuidad del servicio
El reparto tiene en cuenta los ingresos que estas entidades han dejado de percibir debido a la implantación del descuento del 100?% durante los meses de 2025 ya aplicados, así como las previsiones para el resto del año. También se han considerado otros posibles apoyos económicos y las bonificaciones asumidas con fondos propios por cada administración.
Esta medida pretende consolidar un modelo de transporte público gratuito para usuarios habituales, garantizando su sostenibilidad financiera durante 2025 y en el futuro.
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