El Govern crea la Mesa de Lucha contra el Intrusismo en sectores clave de Baleares

El Consell de Govern ha aprobado la creación de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de las Islas Baleares, un órgano colegiado de asesoramiento, apoyo y estudio destinado a reforzar la coordinación institucional y mejorar la eficacia de las políticas públicas en la prevención, control y erradicación de actividades ilegales.

Esta nueva estructura estará adscrita a la Conselleria de Presidencia, Coordinación de la Acción de Gobierno y Cooperación Local, a través de la Dirección General de Coordinación y Cooperación Local. La Mesa contará con la participación de representantes de las administraciones autonómica, insular y municipal, así como de otros organismos públicos.

Su creación responde a una creciente preocupación por parte de agentes sociales, operadores económicos y asociaciones patronales ante el aumento de actividades sin autorización legal, que generan competencia desleal y riesgos para la seguridad, la salud y la economía local.

Intrusismo en sectores estratégicos: turismo, transporte, comercio y ocio

La práctica del intrusismo —el ejercicio de una actividad o profesión sin la titulación o autorización requerida— afecta especialmente a sectores estratégicos de las Islas Baleares como el alojamiento turístico, el transporte, el comercio y el ocio. El ofrecimiento ilegal de servicios tiene un impacto directo en la sostenibilidad territorial, el acceso a servicios públicos y la convivencia.

La Mesa tendrá funciones de investigación, análisis técnico, seguimiento y formulación de propuestas normativas, así como de promoción de medidas preventivas y sancionadoras dentro de las administraciones públicas. También se encargará de desarrollar sistemas de información compartida y planes estratégicos que incluyan formación específica.

Un foro de diálogo para proteger la actividad económica legal

La Mesa de Lucha contra el Intrusismo también se configura como un espacio de diálogo y cooperación con agentes sociales, colegios profesionales, organizaciones empresariales y sectores económicos afectados, con el objetivo de proteger las actividades legales y fomentar un desarrollo económico y social sostenible.

Entre sus mecanismos de trabajo se contempla la creación de grupos específicos con participación de expertos y representantes sectoriales. Según el acuerdo aprobado, la Mesa deberá constituirse en un plazo máximo de tres meses desde su publicación en el Boletín Oficial de las Islas Baleares (BOIB).