La misma nómina incluye el inicio del pago del complemento de insularidad
El Govern de les Illes Balears ha efectuado el pago de la nómina de enero, que incluye el incremento salarial del 2,5 % y el complemento de insularidad. Esta información fue comunicada por la Conselleria de Treball, Funció Pública i Diàleg Social en la reunión de la Mesa del Empleado Público celebrada el pasado 15 de enero.
En el encuentro participaron representantes sindicales de UGT, CCOO, STEI, CSIF y Simebal. Según se informó, los cerca de 44.000 empleados públicos de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears perciben en esta nómina el incremento salarial del 2,5 % correspondiente al año 2025.
Durante 2025 también se había aplicado el incremento retributivo adicional y consolidable del 0,5 % pendiente del año 2024.
Aplicación del complemento de insularidad
En esta nómina se ha empezado igualmente a abonar la indemnización por residencia, conocida como complemento de insularidad, destinada a compensar el sobrecoste de vivir en un territorio insular. Esta medida da cumplimiento al punto 3.2 del Acuerdo marco de la Mesa de Negociación de los Empleados Públicos, ratificado el 25 de abril de 2025.
El acuerdo prevé que, a partir de 2026, todos los grupos de personal funcionario y laboral avancen progresivamente hasta percibir la misma cuantía del complemento que el grupo A1. La implantación se hará en tres fases: un 33,33 % el 1 de enero de 2026, un 66,66 % el 1 de enero de 2027 y el 100 % el 1 de enero de 2028, con el objetivo de garantizar la sostenibilidad presupuestaria.
Retrasos y otros abonos
En cuanto a los atrasos correspondientes al año 2025, el Govern prevé abonarlos durante el mes de marzo.
Además, en el mes de febrero se abonará el 35 % de los cerca de 150 millones de euros que el anterior ejecutivo había congelado, tras la sentencia favorable al sindicato STEI por parte del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears. El 65 % restante ya fue abonado el año pasado.
El Govern también tiene previsto pagar antes del 31 de junio la cantidad reclamada por UGT ante los tribunales, después de que el sindicato retirara la demanda relacionada con el recorte salarial aplicado a los funcionarios de la CAIB durante los años 2020 y 2021.
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