VOX lleva al Congreso el auge migratorio en Baleares y denuncia inacción institucional

El diputado nacional de VOX por Baleares, Jorge Campos, ha registrado una batería de preguntas en el Congreso de los Diputados para exigir responsabilidades al Gobierno de Pedro Sánchez y, en particular, al Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez, por lo que considera una gestión negligente ante el incremento de llegadas de inmigrantes por la ruta migratoria argelina.

Según datos citados por Campos, en 2025 se contabilizaron 15.108 entradas ilegales en la Península y Baleares, lo que supone un aumento del 4,3% respecto al año anterior. El archipiélago se ha consolidado como una ruta alternativa real a la del Mediterráneo Central, con un 80% de las salidas procedentes de Argelia.

El diputado de VOX ha denunciado que ya a principios de 2024 una orden de servicio de la Guardia Civil advertía de un incremento del 32,2% en las entradas irregulares. Pese a ello, el Ministerio del Interior “no implementó medidas preventivas suficientes”.

Campos exige dimisiones: “Han dejado a Baleares a merced de las mafias”

“Esta información, en cualquier país serio, provocaría dimisiones y ceses en el Gobierno, empezando por el Delegado del Gobierno en Baleares, Alfonso Rodríguez”, ha afirmado Campos, que considera que la situación actual solo puede explicarse por una “negligencia consciente”.

El parlamentario insiste en que el Ejecutivo central ha desoído las advertencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, dejando “a Baleares a merced de las mafias”. “El Delegado del Gobierno debe irse hoy mismo por haber desprotegido nuestras fronteras”, ha añadido.

VOX exige explicaciones y medidas urgentes al Ministerio del Interior

Mediante sus preguntas registradas en el Congreso, VOX exige saber por qué el Gobierno ha ignorado durante dos años los informes técnicos de la Guardia Civil, y qué medidas concretas piensa adoptar para frenar la presión migratoria desde Argelia.

Campos concluye que la falta de respuesta ante las advertencias internas ha generado una “crisis de seguridad” y compromete tanto la gestión migratoria como la credibilidad del Gobierno central en la protección de las fronteras.