La PIMEM ha reclamado al Govern una reducción urgente de los plazos de pago a las empresas, advirtiendo de los “terribles efectos” que los retrasos en el cobro de facturas públicas tienen sobre las pequeñas y medianas empresas, especialmente vulnerables por sus márgenes ajustados y su limitada tesorería.
La patronal recuerda que, a diferencia de las grandes compañías, las pymes dependen del cobro puntual para hacer frente a gastos corrientes como salarios, alquileres, impuestos, pagos a proveedores y costes financieros. Cuando la Administración incumple los plazos legales, traslada su falta de liquidez a empresas que no tienen capacidad para absorber ese impacto.
Desde PIMEM alertan de que esta situación no es un problema puntual, sino una práctica que pone en riesgo la viabilidad de miles de negocios que trabajan para el sector público en Illes Balears.
Deterioro de la liquidez y riesgo de cierre
El presidente de la patronal, Jordi Mora, ha señalado que una de las consecuencias más inmediatas del retraso en los pagos es el deterioro de la liquidez, lo que obliga a muchas pymes a recurrir a financiación externa para poder sobrevivir.
Este recurso a créditos y líneas de financiación, ha advertido, implica asumir intereses, comisiones y un mayor endeudamiento que reduce la rentabilidad y la competitividad de las empresas.
En los casos más graves, el retraso en los cobros puede derivar en impagos en cadena, tensiones laborales e incluso en el cierre definitivo de negocios, con el consiguiente impacto sobre el empleo.
Denuncia de una práctica estructural
En la misma línea, la Plataforma Multisectorial contra la Morosidad (PMcM) ha denunciado los elevados plazos de pago de las Administraciones Públicas en Illes Balears. Su directora ejecutiva, Pilar Ferrer, ha asegurado que no se trata de un hecho aislado ni coyuntural.
Según Ferrer, estos retrasos confirman una práctica estructural que lastra desde hace años la actividad de miles de empresas y autónomos, y ha calificado de “inaceptable” que las propias Administraciones, obligadas a ser ejemplo, incumplan de forma sistemática la normativa vigente.
Desde la PMcM advierten de que esta morosidad pública asfixia la liquidez, frena la inversión y pone en riesgo el empleo, especialmente en las pymes, que no pueden seguir actuando como financiadoras involuntarias del sector público.
Desigualdad y pérdida de confianza
Tanto PIMEM como la PMcM coinciden en que esta situación genera una clara desigualdad, ya que la Administración exige puntualidad absoluta en el pago de impuestos y cotizaciones, pero no ofrece el mismo cumplimiento a sus proveedores.
Esta falta de reciprocidad, señalan, mina la confianza en las instituciones públicas y desincentiva la participación de las pymes en contratos públicos, reduciendo la competencia y afectando a la calidad de los servicios.
En definitiva, ambas entidades subrayan que el retraso en los pagos no es un simple problema administrativo, sino un factor que amenaza directamente la viabilidad, el crecimiento y el empleo que generan las pymes.
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