La Conselleria d’Agricultura ha precintado una partida detectada en un establecimiento mayorista. Los productos carecían de número de lote y fecha de caducidad o consumo preferente.
La inspección detectó la ausencia de datos obligatorios para garantizar la trazabilidad alimentaria
La Conselleria d’Agricultura, Pesca i Medi Natural, a través de la Direcció General de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, ha inmovilizado una partida de minicalabacines procedentes de Sudáfrica tras una inspección en un establecimiento mayorista de distribución de frutas y hortalizas.
Los productos fueron precintados al no presentar el número de lote ni indicar la fecha de caducidad o de consumo preferente. Esta información es obligatoria para garantizar la correcta trazabilidad de los alimentos y la seguridad en su comercialización.
Controles periódicos sobre productos importados
El director general de Qualitat Agroalimentària i Producte Local, Joan Llabrés, ha señalado que los controles que se realizan de forma periódica tienen como objetivo verificar que todos los productos agroalimentarios comercializados en las Illes Balears cumplen la normativa vigente, especialmente en el caso de los procedentes de terceros países.
Llabrés ha indicado que estas actuaciones responden también a la demanda del sector de reforzar la vigilancia sobre los productos importados, con el fin de comprobar que cumplen todos los requisitos comunitarios y evitar posibles situaciones de competencia desleal.
Posibles sanciones
Estos controles forman parte de las inspecciones que la Conselleria desarrolla durante todo el año para proteger los intereses del sector agroalimentario y de los consumidores, así como para asegurar el cumplimiento de la normativa en materia de calidad alimentaria y etiquetado.
La normativa vigente establece la obligación de que los alimentos comercializados incorporen la información necesaria para garantizar su trazabilidad, como el número de lote y otras indicaciones obligatorias para el consumidor, entre ellas las fechas de caducidad o de consumo preferente.
El incumplimiento de estas obligaciones puede dar lugar a la apertura de expedientes sancionadores. En caso de infracciones graves, las sanciones pueden oscilar entre 3.000 y 15.000 euros o alcanzar hasta cinco veces el valor del producto.
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