El último informe de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre las contrataciones de material sanitario en Baleares durante la pandemia sitúa a la entonces presidenta del Govern, Francina Armengol, en el punto inicial de los contactos que dieron lugar a algunas de las operaciones bajo investigación. No obstante, el documento no le atribuye participación en irregularidades ni decisiones contractuales.
Según recoge el informe nº 62/2026, incorporado a las diligencias del Juzgado Central de Instrucción nº 2 de la Audiencia Nacional, el primer contacto entre la trama investigada y la administración autonómica se habría producido el 25 de abril de 2020 a través del entorno de la presidenta. En concreto, el intermediario Koldo se dirige a Armengol solicitando que esta le devuelva la llamada, en lo que el informe identifica como el inicio de la relación con el Govern balear.
Ese mismo día, y según la reconstrucción realizada por la UCO, desde el ámbito institucional se habría trasladado al Servicio de Salud de Baleares la existencia de un proveedor para la adquisición de mascarillas FFP2, iniciándose así los primeros movimientos administrativos vinculados a estas operaciones.
El informe detalla que, a partir de ese momento, se activaron los procedimientos que desembocaron en contratos públicos para la compra de material sanitario y la realización de pruebas diagnósticas, en un contexto marcado por la urgencia de la pandemia de COVID-19.
Sin embargo, el documento no sitúa a Armengol en fases posteriores del proceso, como la adjudicación, ejecución o pago de los contratos analizados. Tampoco recoge indicios de que participara en decisiones técnicas o administrativas relacionadas con los mismos.
La investigación de la UCO se centra en el análisis de posibles irregularidades en la contratación pública, así como en el papel de distintos intermediarios y empresas implicadas, dentro de una presunta trama que operaba en varias administraciones.
En este contexto, la mención a Armengol se limita al momento inicial de los contactos, como parte del canal a través del cual se habría facilitado el acceso a la administración balear, sin que el informe establezca responsabilidades directas en los hechos investigados.
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