Los alcaldes del Partido Popular han reclamado la suspensión inmediata del proceso de regularización extraordinaria impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez, tras denunciar situaciones de colapso y falta de planificación en los ayuntamientos desde su puesta en marcha.
En representación de los municipios, el alcalde de Marratxí, Jaume Llompart, ha asegurado que esta medida ha generado un “caos” en los servicios municipales al trasladar a las administraciones locales la gestión de un proceso sin recursos ni instrucciones claras.
Según ha explicado, el inicio de la regularización provocó una elevada afluencia de personas en oficinas de atención ciudadana y servicios sociales para solicitar el certificado de vulnerabilidad, requisito necesario para acogerse al proceso.
Colas, saturación y falta de instrucciones
Los alcaldes han descrito la primera jornada como una “avalancha” de solicitudes que derivó en largas colas, servicios desbordados y un aumento significativo de llamadas, llegando en algunos casos a triplicarse en un solo día.
Jaume Llompart ha criticado que el Gobierno de España no proporcionó información previa suficiente ni protocolos claros para la emisión de los certificados, lo que generó confusión tanto entre los trabajadores municipales como entre los solicitantes.
Esta falta de directrices provocó, según los populares, desplazamientos innecesarios entre municipios por parte de ciudadanos que pensaban que podían realizar los trámites en cualquier consistorio.
Petición de paralización del proceso
Ante esta situación, los alcaldes han advertido de que muchos ayuntamientos solo pudieron registrar solicitudes, aplazando la tramitación efectiva y acumulando citas, lo que está afectando a la atención habitual a los vecinos.
Asimismo, han alertado sobre la presión demográfica en las Illes Balears, señalando el incremento de población y la llegada de personas en situación irregular en los últimos años.
Por todo ello, el Partido Popular ha exigido la paralización del proceso de regularización extraordinaria, al considerar que carece de planificación y pone en riesgo los servicios municipales.
Finalmente, Jaume Llompart ha defendido un modelo migratorio basado en la legalidad, el orden y la capacidad de integración, reclamando al Gobierno de España que refuerce los mecanismos ordinarios de Extranjería frente a medidas extraordinarias.
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