El Parlamento de Canarias ha aprobado este pasado jueves una nueva ley que obligará a los hoteles a incorporar medidas ergonómicas y de prevención laboral, en una decisión que marca un avance significativo en las condiciones de trabajo de las camareras de piso, conocidas como Las Kellys.
La norma establece la instalación de camas elevables y carros motorizados en los establecimientos hoteleros, con el objetivo de reducir la carga física y prevenir lesiones derivadas del trabajo. Desde el colectivo, su portavoz en el archipiélago, Marcia Díaz, ha valorado positivamente la aprobación tras años de reivindicaciones, al considerar que supondrá una mejora directa en la salud laboral.
No obstante, desde Las Kellys también se han mostrado críticas con algunos aspectos del texto, especialmente en lo relativo a la financiación pública de estas medidas, al considerar que no debería destinarse dinero público a empresas con alta capacidad económica.
Una reivindicación histórica del sector
El colectivo de Las Kellys surgió en 2014 para denunciar la precariedad en el sector hotelero, especialmente tras el aumento de la externalización de servicios. Desde entonces, han visibilizado condiciones laborales marcadas por altas cargas de trabajo, ritmos intensivos y una elevada incidencia de lesiones físicas.
Entre sus principales demandas figuran mejoras en la prevención de riesgos laborales, mayor control de las jornadas y el reconocimiento del desgaste físico que sufre el colectivo, que en muchos casos ha derivado en bajas médicas frecuentes.
La nueva ley responde parcialmente a estas reivindicaciones al introducir obligaciones en materia de ergonomía, organización del trabajo y protección de la salud de las trabajadoras.
Turismo al alza y presión laboral
La aprobación de la norma se produce en un contexto de crecimiento sostenido del turismo en Canarias, uno de los principales motores económicos del archipiélago. Este aumento de visitantes ha incrementado la carga de trabajo en el sector hotelero, afectando especialmente a las camareras de piso.
Durante años, el colectivo ha denunciado que este incremento de actividad no ha ido acompañado de mejoras proporcionales en sus condiciones laborales, lo que ha generado situaciones de sobrecarga y precariedad.
La ley contempla una aplicación progresiva hasta 2033 e incluye sanciones para las empresas que incumplan las medidas, en un intento de garantizar su cumplimiento efectivo.
Apoyo político y debate
La norma ha sido aprobada con el respaldo mayoritario de las fuerzas políticas del Parlamento de Canarias, aunque ha contado con la abstención de Vox, que ha cuestionado algunos aspectos relacionados con su impacto económico y su aplicación.
Pese a estas discrepancias, la aprobación de la ley supone un reconocimiento institucional a las demandas del colectivo y un paso relevante en la mejora de sus condiciones laborales.
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