La Cámara autonómica valida el paquete económico aprobado por el Govern el 1 de abril
El Parlament de les Illes Balears ha convalidado el Decreto ley 1/2026, de 1 de abril, por el que se adoptan medidas extraordinarias y urgentes para paliar la crisis económica derivada de la guerra en Oriente Medio. El texto ha salido adelante con 43 votos a favor, 5 en contra y 9 abstenciones.
La norma fue aprobada el pasado 1 de abril en un Consell de Govern extraordinario y constituye la respuesta del Ejecutivo autonómico ante una situación internacional marcada por la incertidumbre y la volatilidad de los precios de la energía y de las materias primas, con impacto en una economía abierta y dependiente del transporte como la balear.
El decreto se elaboró tras una ronda de reuniones con agentes sociales, sectores económicos afectados, consells insulares, ayuntamientos y grupos parlamentarios, con el objetivo de adaptar las medidas a la realidad insular.
Un paquete de 160,75 millones de euros
El decreto ley moviliza un total de 160,75 millones de euros estructurados en cinco bloques. El primero contempla una línea de liquidez de 75 millones de euros, canalizada a través de ISBA, para facilitar el acceso al crédito a empresas y autónomos.
El segundo bloque incluye ayudas directas por valor de 36,75 millones de euros destinadas a los sectores más afectados por el incremento de costes: 13,5 millones para el sector primario, 9,75 millones para el transporte y 13,5 millones para industria, construcción y comercio.
En tercer lugar, se incorporan medidas fiscales como la recuperación de deducciones autonómicas en el IRPF vinculadas al aumento de hipotecas a tipo variable, bonificaciones del 50% en tasas portuarias para empresas de servicios y del 100% para pescadores profesionales, así como una deducción para que las ayudas no tributen en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
Agilización administrativa y contratos públicos
El texto también prevé medidas de agilización administrativa para reducir plazos y simplificar procedimientos, con el fin de acelerar la llegada de las ayudas. Además, se establece la posibilidad de revisar precios en obras y servicios públicos para garantizar su ejecución ante el incremento de costes, con una dotación de 45 millones de euros.
Las ayudas tendrán en cuenta la doble insularidad de Menorca y Eivissa y la triple insularidad de Formentera. Asimismo, el decreto da cobertura legal a la actualización salarial del 1,5% correspondiente a 2026 para los trabajadores de la Comunidad Autónoma.
El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación, Antoni Costa, ha señalado que el decreto responde a la necesidad de actuar con rapidez ante una situación excepcional y anticiparse a posibles efectos prolongados del conflicto.
Reclamación al Gobierno central
Antoni Costa ha recordado también la reclamación del Govern de les Illes Balears al Gobierno de España para que establezca medidas estatales específicas para el archipiélago. Según explicó, el pasado 9 de abril el Ejecutivo autonómico remitió una carta solicitando actuaciones adaptadas a la insularidad.
El vicepresidente indicó que la respuesta recibida rechazó mantener una reunión para abordar esta cuestión y defendió que el paquete estatal recoge propuestas de los sectores económicos, una afirmación que, según señaló, no comparten los sectores de las Illes Balears.
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