La presidenta Margalida Prohens se reúne con la ministra Sira Rego y los presidentes insulares para abordar la situación. Las islas acogen actualmente a 733 menores migrantes no acompañados, por encima de su capacidad ordinaria.
Reunión en el Consolat de Mar para analizar la situación del sistema de protección
La presidenta del Govern de les Illes Balears, Margalida Prohens, mantuvo este jueves una reunión en el Consolat de Mar con la ministra de Infancia y Juventud del Gobierno de España, Sira Rego, y los presidentes de los cuatro consells insulares para abordar la situación del sistema de acogida de menores migrantes no acompañados en las islas.
En el encuentro participaron el presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés; el presidente del Consell de Menorca, Adolfo Vilafranca; el presidente del Consell d’Eivissa, Vicent Marí, y el presidente del Consell de Formentera, Óscar Portas.
Datos de ocupación y capacidad
Durante la reunión, Prohens trasladó a la ministra la situación del sistema de protección de menores en Baleares, en un contexto marcado por la presión migratoria de los últimos años. Según expuso, en los últimos cinco años han llegado más de 20.000 personas migrantes en patera a las islas, 7.000 de ellas en 2025 y 1.400 desde comienzos de 2026, lo que supone un incremento del 20 % respecto al mismo periodo del año anterior.
Actualmente, Baleares acoge a 733 menores migrantes no acompañados, cerca de dos tercios del total de menores tutelados en el archipiélago. Esta cifra representa 240 menores por encima de la capacidad ordinaria de acogida asignada por el Estado, supera en más de un 50 % ese límite y alcanza niveles de sobreocupación del 1.000 % en las plazas específicas para menores migrantes.
La presidenta señaló que la situación afecta no solo a los recursos económicos, sino también a las infraestructuras y a la disponibilidad de profesionales.
Peticiones al Gobierno central
El Govern y los consells insulares trasladaron tres solicitudes a la ministra. En primer lugar, pidieron la retirada del último decreto estatal que amplía la capacidad ordinaria de acogida en Baleares de 406 a 434 plazas, lo que elevaría el umbral previo a la declaración de contingencia migratoria.
En segundo lugar, solicitaron la declaración de la contingencia migratoria preventiva para frenar el reparto de menores hacia las islas. También reclamaron un mayor apoyo económico por parte del Gobierno de España para atender a los menores acogidos.
Prohens recordó que, según la Fiscalía de Menores de las Baleares, la atención a menores migrantes no encaja plenamente en el sistema ordinario de protección, al tratarse de una realidad vinculada a la política migratoria, competencia exclusiva del Estado.
En materia de financiación, indicó que los 7,8 millones de euros transferidos por el Ejecutivo central resultan insuficientes para hacer frente a la situación actual. Como ejemplo, señaló que el Consell de Formentera recibió el año pasado 4 millones de euros adicionales del Govern para garantizar la viabilidad de sus servicios sociales ante la presión asistencial.
Durante el encuentro, la ministra defendió el modelo actual de reparto de menores entre comunidades autónomas, mientras que el Govern y los consells solicitaron su revisión al considerar que no tiene en cuenta la capacidad real de acogida ni las condiciones de atención.
Reforma de la ley de protección de la infancia
En la reunión, la presidenta planteó también la necesidad de reformar la ley de protección de la infancia para ampliar los delitos recogidos en su artículo 57 e incluir el delito de acoso cuando se comete sobre menores, con el fin de impedir el acceso a profesiones con contacto habitual con menores a personas condenadas por estos hechos.
El Parlament de les Illes Balears, con el apoyo unánime de los grupos parlamentarios, impulsa la modificación de este artículo para su tramitación en el Congreso de los Diputados.
Prohens explicó que en Baleares se ha detectado una laguna normativa tras un caso concreto, ya que la legislación actual no impide ejercer la docencia a personas condenadas por acoso a menores si no existe una inhabilitación expresa en la sentencia judicial. Añadió que el conseller de Educación ya trasladó esta cuestión al anterior Ministerio de Educación sin que se haya producido una modificación legislativa.
Anuncio de acciones legales
Finalmente, la presidenta aseguró que tanto el Govern como los consells insulares continuarán utilizando las vías legales disponibles para defender los intereses de los menores y del conjunto de la ciudadanía de Baleares, y pidió al Gobierno de España que reconsidere sus políticas y adopte soluciones ajustadas a la realidad de las islas.
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