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Entran en vigor nuevas bonificaciones fiscales para facilitar el acceso a la vivienda en Baleares

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La nueva normativa amplía los umbrales para acceder a bonificaciones en el ITP y crea incentivos fiscales vinculados al alquiler. Las medidas se publicaron en el BOIB y ya están en vigor.

La normativa amplía los beneficios en la compra de vivienda y crea una deducción para quienes congelen el alquiler

La publicación ayer en el Butlletí Oficial de les Illes Balears de la Ley de medidas urgentes para acelerar proyectos estratégicos que contribuyan a la transformación económica de las Illes Balears incorpora diversas modificaciones tributarias destinadas a facilitar el acceso a la vivienda y favorecer el mantenimiento de alquileres asequibles. Las medidas han entrado en vigor este mismo lunes.

Una de las principales novedades es el aumento del umbral del precio máximo de la vivienda para poder acogerse a las bonificaciones existentes en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales en la adquisición de la primera vivienda habitual.

Nuevos umbrales y balance de beneficiarios

Los jóvenes menores de 30 años y las personas con discapacidad cuentan con una bonificación del 100 % en este impuesto, mientras que los jóvenes menores de 36 años y las familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo disponen de una bonificación del 50 %.

El pasado 17 de marzo, el Govern de les Illes Balears incrementó el umbral desde 270.151,20 euros hasta 307.089 euros en Mallorca y hasta 378.212 euros en Eivissa y Formentera. Con la nueva normativa, tanto en Mallorca como en Menorca se establece un nuevo límite de 331.859,70 euros.

Desde la entrada en vigor de esta medida el 18 de julio de 2023 y hasta el 31 de marzo de 2026, cerca de 2.000 jóvenes menores de 30 años no han abonado el impuesto por la adquisición de su primera vivienda habitual, con un ahorro medio de 16.950 euros. Además, 3.257 jóvenes menores de 36 años y familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo se han beneficiado de la bonificación del 50 %, con un ahorro medio de 10.385 euros. En total, más de 5.000 jóvenes y familias han ahorrado más de 67 millones de euros.

El vicepresidente primero y conseller de Economía, Hacienda e Innovación del Govern de les Illes Balears, Antoni Costa, señaló que la ampliación de los beneficios fiscales busca adaptarse a la realidad actual del mercado inmobiliario y llegar a más personas.

Bonificaciones en actos jurídicos documentados

Otra de las medidas que entra en vigor es la bonificación del 100 % de la cuota del impuesto sobre actos jurídicos documentados para jóvenes menores de 30 años y personas con una discapacidad igual o superior al 33 % que adquieran su primera vivienda habitual. También se establece un tipo reducido del 0,5 % para jóvenes menores de 36 años y familias numerosas, monoparentales o con personas con discapacidad a cargo.

Asimismo, se fija una bonificación del 50 % tanto en el impuesto sobre transmisiones patrimoniales como en el de actos jurídicos documentados cuando la vivienda adquirida sea de precio limitado, con el objetivo de favorecer el acceso a este tipo de inmuebles e incentivar su demanda como alternativa dentro del mercado residencial de las Illes Balears.

Antoni Costa afirmó que este paquete de medidas continúa la línea de reducción de la presión fiscal sobre jóvenes y familias y de impulso al acceso a la vivienda en la comunidad.

Deducción para propietarios que congelen el alquiler

La normativa incorpora también una nueva deducción autonómica que podrá aplicarse a partir del ejercicio fiscal de 2026 y, por tanto, en la declaración de la renta que se presentará en 2027.

La deducción está dirigida a pequeños propietarios que, al renovar los contratos de alquiler, mantengan el precio congelado o no lo incrementen por encima de la variación del índice de precios al consumo.

Consiste en una deducción del 50 % del rendimiento neto obtenido, con un máximo de 800 euros anuales por vivienda y de 2.000 euros por contribuyente, con el objetivo de contribuir a contener los precios del alquiler y mantener una oferta de vivienda asequible para los residentes en las Illes Balears.

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