El Tribunal Supremo condena a José Luis Ábalos a más de 24 años de prisión y a Koldo García a casi 20 años por corrupción en el caso mascarillas

La Sala Segunda del Tribunal Supremo ha condenado al exministro José Luis Ábalos a 24 años y 3 meses de prisión y a su exasesor Koldo García a 19 años, ocho meses y un día de cárcel por delitos de organización criminal, cohecho, malversación y tráfico de influencias en el denominado caso mascarillas.

La sentencia, dictada por unanimidad, también condena al empresario Víctor de Aldama a 4 años y 6 meses de prisión por delitos de organización criminal y cohecho. En su caso, el tribunal ha aplicado la atenuante muy cualificada de colaboración con la Justicia.

Los magistrados han acordado suspender la ejecución de la pena impuesta a Aldama debido a su contribución al esclarecimiento de los hechos. Como condiciones, deberá abstenerse de delinquir, presentar un informe semestral de actividades y realizar trabajos en beneficio de la comunidad durante un año.

Una organización criminal con reparto de funciones

La resolución concluye que los tres condenados integraron una organización criminal con funciones diferenciadas y dedicada a la comisión de graves delitos de corrupción.

Según la sentencia, quedaron acreditadas diversas irregularidades relacionadas con la adjudicación del suministro de trece millones de mascarillas a Puertos del Estado y ADIF a una empresa vinculada a Aldama.

Asimismo, el tribunal considera probado el pago mensual de 10.000 euros destinados a cubrir “gastos fijos” de Ábalos, así como la contratación de dos personas próximas al exministro en empresas públicas y el pago de la vivienda de una de ellas.

Contratos inmobiliarios y gestiones vinculadas a decisiones públicas

La sentencia también da por acreditado un contrato de arrendamiento con opción de compra entre Aldama y Ábalos sobre una vivienda en Madrid.

Además, considera probado el arrendamiento de inmuebles en Marbella y La Línea de la Concepción, igualmente con opción de compra, en el marco de gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre el rescate de Air Europa y la concesión de una licencia de hidrocarburos.

En su resolución, el Tribunal Supremo subraya que la corrupción provoca un grave deterioro de la confianza ciudadana en el sistema político y advierte de que estas prácticas socavan la arquitectura democrática del Estado.