El Consell de Govern ha aprobado el Proyecto de ley de ordenación, protección y gestión integral del litoral de las Illes Balears, que será remitido al Parlament para su tramitación. La norma pretende dotar a la comunidad de un marco legal propio que refuerce la protección del litoral, ordene sus usos y gestione de forma integrada playas, servidumbres y aguas costeras, con especial atención a la adaptación al cambio climático.
Se trata de la primera ley autonómica que aborda de manera global la gestión del litoral tras el traspaso de competencias formalizado en 2023. El texto responde al mandato estatutario de ejercer la capacidad normativa plena en materia de costas y busca ofrecer un marco estable que combine protección ambiental, uso responsable de los recursos y seguridad jurídica.
Modelo de gestión compartida
El proyecto se basa en los principios de necesidad, eficacia, transparencia, eficiencia y seguridad jurídica. Entre sus objetivos figuran la preservación de los ecosistemas, la regulación de usos y actividades, la protección del patrimonio litoral tradicional y la participación de las administraciones locales y la ciudadanía. También refuerza la evaluación ambiental de las actuaciones y simplifica procedimientos administrativos manteniendo los controles.
La ley establece un sistema de cogobernanza en el que el Govern fija directrices generales y coordina; los consells insulares elaboran los instrumentos de ordenación del litoral y los planes de servicios de temporada; y los ayuntamientos gestionan directamente las playas y otorgan determinadas autorizaciones. Con esta distribución competencial se pretende acercar la gestión a cada territorio.
Límites de velocidad y ordenación de usos
El texto introduce limitaciones de velocidad en la franja de una milla desde la costa, con medidas más estrictas en espacios naturales protegidos. El objetivo es reforzar la seguridad de los bañistas y favorecer la convivencia entre usos, con excepciones para embarcaciones profesionales sujetas a normativa marítima internacional.
La norma diferencia entre playas urbanas, naturales y de especial protección, y establece criterios de ordenación específicos para cada tipología. Regula accesos, aparcamientos y servicios de temporada, que deberán cumplir parámetros de sostenibilidad y calidad.
Asimismo, actualiza el régimen de inspección y sanción e incorpora nuevas infracciones relacionadas con el incumplimiento de las limitaciones de uso, ampliando la capacidad de actuación ante ocupaciones ilegales o prácticas irregulares.
Con este proyecto, el Govern da cumplimiento al compromiso adquirido tras asumir las competencias en materia de costas, mediante la elaboración de una ley autonómica para regular y proteger el litoral balear.
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