El Ejecutivo autonómico cifra en más de 11.000 las personas llegadas desde enero de 2025 y pide mayor lealtad institucional al Estado. La red de protección de menores tutela actualmente a 880 jóvenes no acompañados.
El Ejecutivo autonómico expone datos sobre la presión migratoria y solicita planificación y financiación al Estado
La vicepresidenta segunda y consellera de Presidencia, Antònia Maria Estarellas, y la consellera de Familias, Bienestar Social y Atención a la Dependencia, Sandra Fernández, comparecieron este martes para exponer datos sobre la situación migratoria en las Illes Balears y reclamar mayor lealtad institucional al Gobierno de España ante un fenómeno que califican de estructural.
La comparecencia se produce, según indicaron, ante la falta de información oficial del Estado sobre la evolución de las llegadas irregulares y la planificación prevista para los próximos meses, circunstancia que motivó la decisión del Govern de no participar en la última Conferencia Sectorial de Inmigración.
Estarellas defendió que la transparencia forma parte de la lealtad institucional y señaló que las comunidades autónomas necesitan disponer de información oficial para anticiparse y planificar la gestión de una realidad que afrontan a diario. También lamentó que el Ejecutivo central no haya facilitado el informe sobre la situación migratoria actual ni las previsiones para los próximos meses.
Más de 11.000 personas desde enero de 2025
La vicepresidenta explicó que las Illes Balears han pasado de un escenario en el que las llegadas eran excepcionales a otro con centenares de embarcaciones y miles de personas cada año. Entre el 1 de enero de 2025 y el 24 de julio de 2026 han llegado 11.055 personas en 606 pateras.
Solo en lo que va de 2026, y sin haber finalizado julio, se han contabilizado 3.734 personas en 205 embarcaciones. El Govern señala que estos datos confirman la consolidación de la ruta migratoria entre Argelia y el archipiélago, identificada por Frontex como uno de los principales cambios en las fronteras exteriores de la Unión Europea.
En cuanto a la distribución territorial, Mallorca ha registrado este año 519 personas en 29 pateras, a las que se suman 1.175 llegadas a Cabrera. Eivissa ha recibido 183 personas en 10 embarcaciones. Formentera concentra la mayor presión, con 1.857 personas en 118 pateras, lo que supone que cerca de la mitad de las llegadas de este año se han producido en esta isla.
Estarellas señaló que una isla con poco más de 12.000 habitantes no puede asumir en solitario esta presión y afirmó que Formentera se ha convertido en una de las primeras líneas de la frontera exterior de la Unión Europea.
Dimensión humanitaria y competencias estatales
La vicepresidenta también se refirió a la vertiente humanitaria del fenómeno y recordó que en la última semana se han recuperado siete cuerpos sin vida en las costas baleares, cuatro de ellos frente a Portocolom. Indicó que detrás de cada embarcación hay personas que arriesgan su vida y redes criminales que se lucran con esta situación.
Asimismo, recordó que el control de fronteras y la política migratoria corresponden al Gobierno de España. En este contexto, aludió a la reunión mantenida por la presidenta Marga Prohens con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y al encuentro celebrado en Bruselas con el comisario europeo de Asuntos de Interior y Migración, Magnus Brunner, en el que se solicitó la activación de los mecanismos europeos disponibles, entre ellos el despliegue de Frontex.
El Govern ha trasladado esta situación al Ejecutivo central y a las instituciones europeas y ha impulsado once recursos judiciales en defensa de los intereses del archipiélago. La comparecencia concluyó con una nueva petición para que el Estado asuma sus competencias y articule una respuesta específica para Baleares.
Máxima presión en la red de menores
Por su parte, la consellera Sandra Fernández expuso la situación de los menores migrantes no acompañados y el esfuerzo que realizan los consells insulares y el Govern para garantizar su protección. Actualmente los consells tutelan a 880 menores, la cifra más alta registrada hasta ahora.
En julio de 2024 eran 306; en julio de 2025 ascendían a 600, y en la actualidad alcanzan los 880. Los consells prevén destinar este año entre 36 y 38 millones de euros a su atención. La aportación extraordinaria del Estado correspondiente a 2025 fue de 7.779.768 euros y, hasta el momento, se han comprometido dos millones para 2026.
Fernández señaló que la red de protección atraviesa el momento de mayor presión de su historia y reclamó el refuerzo de los recursos destinados a este ámbito.
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