El proyecto prevé una inversión de 1,67 millones de euros y la creación de 90 amarres para embarcaciones de hasta 20 metros. La actuación busca ordenar el fondeo y proteger la posidonia en la bahía de Talamanca.
La infraestructura regulará el fondeo y podría estar operativa la próxima temporada si se cumplen los plazos administrativos
El director general de Ports i Transport Marítim, Antoni Mercant, y el alcalde de Eivissa, Rafael Triguero, han presentado el proyecto para implantar un campo de boyas ecológicas en la bahía de Talamanca. PortsIB ha retomado el impulso de esta actuación después de que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico modificara el planteamiento inicial y trasladara al Govern la ejecución de las obras sin concretar su financiación.
En la presentación también han participado el gerente de PortsIB, Kico Villalonga; el teniente de alcalde y concejal de Medio Ambiente del Ajuntament d’Eivissa, Jordi Grivé, y el concejal de Playas, Rubén Sousa. El Govern ha agradecido la colaboración del consistorio para avanzar en una actuación destinada a mejorar la ordenación y la protección ambiental de la bahía.
Características y presupuesto
El proyecto contempla 90 puntos de amarre ecológico para embarcaciones de hasta 20 metros de eslora, distribuidos en tres zonas que ocupan una superficie total de 22,47 hectáreas de dominio público marítimo-terrestre. La actuación permitirá regular el fondeo y reducir el impacto de anclas y cadenas sobre las praderas de Posidonia oceanica.
El presupuesto asciende a 1.676.915 euros, IVA incluido. PortsIB trabaja en la preparación de la licitación de las obras, que prevé impulsar en septiembre, condicionada a la obtención de los informes y autorizaciones necesarios.
La planificación fija como referencia que el campo pueda estar disponible durante la próxima temporada, siempre que la tramitación administrativa y contractual avance según lo previsto y no se presenten recursos que retrasen el procedimiento.
Sistema adaptado y retirada de fondeos
El proyecto reserva 16 amarres para embarcaciones de motor de hasta seis metros; 26 para esloras de hasta ocho metros; 34 para embarcaciones de entre ocho y quince metros, y 14 para esloras de entre quince y veinte metros.
Los sistemas de amarre se adaptarán a las características del fondo marino para evitar el arrastre de cadenas y anclas convencionales. Como paso previo se realizará un reconocimiento submarino y se retirarán 30 fondeos tradicionales, así como bloques de hormigón y otros elementos obsoletos existentes en la bahía. Posteriormente se instalarán los anclajes ecológicos, las líneas de fondeo, las boyas y el balizamiento necesario. El plazo estimado de ejecución es de cuatro meses.
Cambio de planteamiento y dispositivo de inspección
El planteamiento inicial del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico establecía que la Administración General del Estado asumiría la redacción y ejecución de las instalaciones con financiación europea, mientras que PortsIB se encargaría de la tramitación administrativa y la gestión posterior. Tras varios meses de trabajo, el Ministerio comunicó que ponía los proyectos ejecutivos a disposición de PortsIB para que la comunidad autónoma asumiera también la ejecución de las obras, sin concretar financiación ni nuevo calendario.
La presentación del proyecto ha coincidido con un dispositivo de inspección en la bahía de Talamanca, coordinado entre la Guardia Civil, la Policía Local d’Eivissa, Protección Civil, los agentes de Medio Ambiente y el Servicio de Vigilancia del Litoral de PortsIB. De forma provisional se han realizado 20 inspecciones y se han levantado siete actas por posibles incumplimientos.
El operativo se ha centrado en supervisar la actividad náutica y detectar posibles irregularidades relacionadas con el fondeo y el alquiler de embarcaciones. Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia impulsada por el Govern a través de la Mesa de Lucha contra el Intrusismo de las Illes Balears, orientada a reforzar la cooperación entre administraciones y mejorar la coordinación en la prevención y control de prácticas ilegales.
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