El Govern balear ha trasladado al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación la necesidad de que la futura PAC y la política pesquera europea incorporen de forma efectiva la insularidad. El conseller Joan Simonet defiende una gestión directa de los fondos agrarios por parte del Ministerio y una normativa pesquera adaptada a la realidad del Mediterráneo.
Balears plantea sus prioridades agrarias y pesqueras ante el Ministerio
El conseller de Agricultura, Pesca i Medi Natural, Joan Simonet, ha participado este miércoles en Madrid en los consejos consultivos de Política Pesquera y de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios, convocados por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas. Las reuniones se han celebrado en la sede del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.
En primer lugar se ha reunido el Consejo Consultivo de Política Pesquera para Asuntos Comunitarios y, posteriormente, el Consejo Consultivo de Política Agrícola para Asuntos Comunitarios. Las sesiones han servido para abordar con las comunidades autónomas los principales asuntos que España deberá defender en las próximas negociaciones europeas y avanzar en la definición de la posición que el Ministerio trasladará a Bruselas.
Reivindicación de la insularidad en las políticas europeas
Durante ambas reuniones, Simonet ha trasladado al Ministerio las principales reivindicaciones de las Illes Balears, con un denominador común en materia agraria y pesquera: que la insularidad y las particularidades territoriales tengan un peso real en el diseño de las futuras políticas europeas y en la distribución de los recursos.
Según el conseller, las políticas europeas deben tener objetivos comunes, pero también ser capaces de adaptarse a realidades territoriales muy diferentes, de manera que la insularidad se configure como un criterio efectivo tanto en la política agraria como en la pesquera.
Propuesta de gestión de la PAC desde Agricultura
En el ámbito agrario, una de las principales propuestas del Govern al Ministerio es que, ante el nuevo modelo planteado por Bruselas, los recursos destinados a la futura política agraria común (PAC) que correspondan a España lleguen directamente al Ministerio de Agricultura y que este departamento los distribuya en coordinación con las consellerias competentes de las comunidades autónomas.
El Ejecutivo balear sostiene que este sistema permitiría mantener una interlocución directa entre las administraciones responsables de la política agraria y evitar que la gestión de los recursos pase primero por el Ministerio de Hacienda y posteriormente por las haciendas autonómicas antes de llegar a los departamentos de Agricultura.
Simonet ha defendido que la PAC continúe siendo una política agraria y que los departamentos que conocen el sector, las explotaciones y las necesidades específicas de cada territorio gestionen los recursos destinados a agricultores y ganaderos.
Criterios de reparto y particularidades territoriales en la PAC
El Govern ha planteado que el futuro sistema de ayudas no se configure únicamente a partir de criterios como la superficie, la orientación productiva o la dimensión económica de las explotaciones. Illes Balears propone incorporar otras variables, como el número real de trabajadores de cada explotación y, de forma especial, los condicionantes territoriales y la insularidad.
En este sentido, la Conselleria ha insistido en la necesidad de preservar en la futura PAC las particularidades territoriales que ya han sido reconocidas para las Illes Balears y que han permitido adaptar mejor las ayudas a la realidad productiva del archipiélago.
En relación con los pagos directos, el Govern ha planteado mantener los mecanismos de redistribución de las ayudas, pero teniendo en cuenta los costes reales de las explotaciones, entre los que incluye los laborales y energéticos. También ha defendido que el límite establecido para el régimen de pequeños agricultores no actúe como un requisito excluyente que pueda desincentivar la incorporación a ecorregímenes o la adopción de prácticas beneficiosas para el clima y el medio ambiente.
Ayudas asociadas, ecorregímenes y relevo generacional
La Conselleria ha reclamado mantener y reforzar las ayudas asociadas y preservar las particularidades territoriales actualmente reconocidas por su impacto positivo sobre determinadas producciones. Además, ha planteado intervenciones sectoriales específicas para producciones especialmente relevantes en las islas, como la patata, el ovino y el olivar.
En relación con la arquitectura ambiental de la PAC, Illes Balears apuesta por mantener las medidas que han demostrado su utilidad y adaptarlas a las características de cada territorio. Entre los ecorregímenes que han funcionado especialmente bien en las islas, la Conselleria destaca las cubiertas vegetales, los pastos extensivos y la rotación de cultivos, y defiende la continuidad de las ayudas agroambientales vinculadas, entre otras, a la producción integrada, las razas autóctonas, las variedades locales y la agricultura ecológica.
En materia de relevo generacional, Simonet ha defendido mantener el sistema de ayudas a la incorporación de jóvenes agricultores, que según el Govern ha dado buenos resultados en las Illes Balears, y complementarlo con una línea específica destinada a facilitar la sucesión y la continuidad de las explotaciones agrarias.
Tratamiento específico para la pesca mediterránea
En el Consejo Consultivo de Política Pesquera, Simonet ha reiterado ante el Ministerio buena parte de las reivindicaciones que el Govern de las Illes Balears ya trasladó directamente a Bruselas el pasado 3 de septiembre en la reunión con el comisario europeo de Pesca y Océanos, Costas Kadis.
En relación con el futuro marco financiero europeo, Illes Balears ha defendido que la pesca y la acuicultura mantengan un instrumento financiero específico y dispongan, como mínimo, de unos recursos similares a los del periodo presupuestario actual. La Conselleria también ha reclamado que el futuro instrumento financiero incorpore expresamente la insularidad como factor para compensar los efectos que genera sobre la pesca marítima y la acuicultura de las islas.
El conseller ha señalado que no se pueden aplicar exactamente las mismas normas a realidades pesqueras muy diferentes y ha aludido a que la flota balear es mediterránea, mayoritariamente costanera, realiza jornadas cortas y presenta características concretas que, a juicio del Govern, deben ser tenidas en cuenta por las instituciones europeas.
Definición de flota costanera y modernización de embarcaciones
Entre las propuestas concretas, Illes Balears ha reclamado que la normativa europea reconozca jurídicamente la flota costanera litoral mediterránea, con una definición específica para los barcos de más de doce metros y menos de veinticuatro metros de eslora que realizan jornadas inferiores a veinticuatro horas. Según la Conselleria, esta clasificación permitiría adaptar mejor las medidas de gestión a las particularidades de la pesca mediterránea.
El Govern también ha defendido eliminar las limitaciones que dificultan la modernización de la flota con el objetivo de promover embarcaciones más modernas, eficientes energéticamente y adaptadas a la situación actual de la pesca europea. Asimismo, ha pedido incorporar mecanismos que contribuyan a garantizar la viabilidad socioeconómica del sector y el relevo generacional.
Otro de los planteamientos principales de Illes Balears es que la futura política pesquera común incorpore la cogestión pesquera como principio de gobernanza, con la participación de las administraciones regionales, el sector pesquero, la comunidad científica y las entidades sociales, y que avance hacia una mayor territorialización de las pesquerías locales mediterráneas.
Cogestión, esfuerzo pesquero y control diferenciado
La Conselleria ha propuesto revisar el concepto de esfuerzo pesquero para que se base en la actividad real regulada de las embarcaciones, como las horas efectivas de pesca o la dimensión de las artes, y no únicamente en la potencia instalada.
Finalmente, Simonet ha reclamado una simplificación de las obligaciones derivadas del Reglamento europeo de control y un tratamiento diferenciado para la flota mediterránea. El Govern considera que no se pueden aplicar las mismas exigencias a los grandes barcos industriales que a las embarcaciones que habitualmente realizan jornadas de menos de dieciséis horas, por lo que defiende priorizar los controles en tierra y adaptar las obligaciones de notificación, declaración, clasificación y pesaje a las características de la flota costanera litoral, sin reducir las garantías de control y conservación de los recursos marinos.
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