“La crisis social y la emergencia ante la falta de casas para alquilar a un precio razonable requiere de una respuesta urgente y contundente. La repercusión en las economías de las familias de Palma ha sido inmediata y muy significativa; de hecho, muchas familias se han visto con dificultades para asumir el gasto del alquiler desde el principio del estado de alarma”, ha admitido la concejala del Ayuntamiento de Palma, Neus Truyol, en una rueda de prensa.
“A principios de este mes enviamos una carta al ministro español para poder tener competencias y regular los precios de los alquileres. La emergencia social es ya una realidad y necesitamos medidas contundentes. Nadie puede quedar atrás, el Ayuntamiento y las instituciones públicas tienen que estar con las personas”, ha recordado Truyol, que ha enumerado las siguientes peticiones:
1. Pedir en el Gobierno central que permita afrontar la emergencia de la falta de casas en alquiler y sus elevados precios con medidas valientes y cooperativas.
– Publicación del índice de precios de los alquileres y facultar el Ayuntamiento para regular los precios y poder regular los incrementos por zonas.
– Mantener más allá del estado de alarma los incentivos económicos para favorecer la medicación entre propietarios e inquilinos.
– Facultar el Ayuntamiento para gravar fiscalmente a través del IBI los inmuebles que no cumplan con su función básica de ser vivienda: inmuebles o viviendas desocupadas o la comercialización de alojamientos turísticos.
– Ampliar el código de Buenas Prácticas bancario para suavizar algunas restricciones y revisar para ampliar la moratoria de deudas hipotecarias.
2. Pedir en el Gobierno de las Islas desarrollar la Ley de la Vivienda para hacer aflorar las viviendas vacías y parar las políticas abusivas y de presión que llevan a cabo los fondos buitre.
3. La tercera línea de trabajo es la impulsada a medio y largo plazo a través del Plan General, “con el objetivo de compensar 20 años de inacción en relación a la oferta de vivienda social”.
Actualmente, Palma cuenta con 0,89% de viviendas sociales (1.548) entre PMH y IBAVI, pero las proyecciones del nuevo Plan General harán que el 2040 llegue 6,05%, es decir 12.174 viviendas sociales. Esto significa que el nueve Plan General multiplica por 8 la vivienda social. También significa multiplicar x 4 la media estatal en vivienda asequible y apostar por una ciudad y barrios compactos, donde se consuma menos territorio y se aprovechen los espacios con la mezcla de usos.
“El nuevo planeamiento ofrecerá opciones para la ampliación del parque de viviendas y dar respuesta a la demanda demográfica de los próximos 20 años pero sin consumir más territorio y buscando involucrar el sector privado de la construcción en la creación de vivienda asequible. Las fórmulas clásicas de crear vivienda han quedado atrás: barrios compactos, mezcla de usos, vivienda dotacional, fórmulas de concesión y cooperación”, ha ampliado la regidora.
“Crecer en más consumo de territorio no es la solución”, dice Truyol
“El uso óptimo del territorio y la contención en la expansión de la ciudad no tienen porque ser incompatibles con la obtención de vivienda asequible, especialmente cuando cómo hace el nuevo Plan General (PGOU), se proponen crecimientos con densidades adecuadas y un importante porcentaje de vivienda de protección oficial”.
“La historia reciente nos demuestra que crecer en consumo de territorio no frena ni regula los precios de la vivienda. Los precios de las viviendas reciben una influencia mucho más directa y fuerte de las dinámicas y presiones del mercado financiero”, ha precisado Truyol.
“En todo caso, y hasta que el gobierno español no ceda competencias por a limitar los precios de los alquileres, las medidas que contempla el Plan General para inyectar viviendas a precios asequibles al mercado inmobiliario son también para paliar las fluctuaciones de los precios en el mercado especulativo”.
Por ejemplo, casi el 50 por ciento de las nuevas viviendas tienen que ser de protección. “Esto nos convertirá en líderes en todo el estado y supondrá dar un paso de gigante a la hora de garantizar el acceso a una vivienda digna”, ha concluido Truyol.
Fuente: Elaboración propia /Ajuntament Palma
Foto: Archivo
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