El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 2 de Palma ha anulado la decisión del Ayuntamiento de Palma de obligar a los taxis a disponer de datáfono para hacer pagos con tarjeta.
En detalle, ha estimado un recurso contencioso-administrativo, presentado por la Agrupación Empresarial de Auto-Taxi y Auto-Turismo de Baleares-FEBT con el apoyo legal de Quattuor Asesores.
El recurso se dirigía contra un acuerdo del pleno de Cort de mayo de 2018 –que hacía expresamente obligatorio para los taxis contar con terminales de pago con tarjeta a partir de julio de 2019–.
El Juzgado entiende que Cort se saltó el trámite de información pública al modificar una ordenanza mediante este acuerdo de plenario, dado que el reglamento municipal de transportes públicos no contenía ninguna referencia a la obligación de disponer de datáfono –sólo se prevé la necesidad de contar con moneda suficiente para atender cambio de 30 euros–.
El Juzgado impone las costas al Ayuntamiento limitándolas a un máximo de 600 euros.
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