Baleares se convertirá en la primera comunidad autónoma que dejará de conceder licencias de salas de juego hasta que el número actual se reduzca a la mitad, tras la revocación definitiva de la última licencia pendiente de apertura para una sala en Marratxí, que se suma a la ya revocada licencia del local de Miquel Bisellach (Inca), cuyo plazo de apertura venció el pasado mes de febrero.
Según ha explicado el Govern este miércoles en nota de prensa, el conseller de Transición Energética, Sectores Productivos y Memoria Democrática, Juan Pedro Yllanes, ha presentado esta propuesta de modificación de la Ley del Juego que incluye, entre otras cosas, la moratoria automática de nuevas licencias y que acaba de superar el periodo de alegaciones.
La Mesa Social del Juego se ha reunido este miércoles para tratar estas cuestiones. En ella han participado, además del conseller, el director general de Comercio, Miquel Piñol, el secretario autonómico de Sectores Productivos y Memoria Democrática, Jesús Jurado, la directora general de Salud Pública, Maria Antònia Font, el alcalde de Marratxí, Miquel Cabot, los regidores Neus Serra y Joan Francesc Canyelles, y la vicedecana del Colegio de Psicólogos, Maria José Martínez, así como representantes de la Plataforma Vecinal de Marratxí, la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos (FAPA), la asociación de ludópatas Juguesca, el Plan de Adicciones y Drogodependencias de Baleares o Proyecto Hombre.
Durante el encuentro, Yllanes ha querido agradecer a los asistentes que hayan puesto a disposición del Govern sus diferentes perspectivas de los juegos de azar “como una cuestión de salud pública, una cuestión social y una cuestión de convivencia vecinal, y no una cuestión estrictamente de negocio” como, según ha lamentado, “se había tratado hasta ahora”.
Limitar el número de salas de juego
En este sentido, el conseller ha destacado la apuesta del Govern “por políticas de prevención de las adicciones, de protección de menores y colectivos más vulnerables, de paz social y convivencia vecinal”, y ha pedido evitar que Baleares se convirtiera “en un Las Vegas ‘low cost'”.
Entre las iniciativas llevadas a cabo para lograr este objetivo, ha repasado algunas como la primera moratoria para nuevas licencias entre 2020 y 2022, que permitió parar una dinámica de aperturas sin límite, o la suspensión de licencias en las postrimerías de la moratoria para consolidar la replanificación sectorial, retrasada por el impacto económico y social de los efectos de la pandemia.
A estas actuaciones se suma ahora la propuesta de modificación de la Ley de Juego 8/2014, que fijará un máximo de 75 salas de juego por cada millón de habitantes –actualmente está en 140 salas–, tres casinos y cuatro bingos, y que incluye, entre otras medidas, la moratoria automática de nuevas licencias hasta que se alcance esta cifra y, por tanto, el número de salas se reduzca hasta la mitad.
Esto significa que tampoco se volverán a arbitrar procesos de otorgamiento de nuevas licencias y que el Govern no concederá más licencias de juego en las Islas, al menos en las próximas décadas.
“En esta legislatura hemos conseguido el punto de inflexión que todos esperábamos en materia de densidad de salas de juego por habitante en las Islas, no se podía continuar doblando la media española de salas por habitante”, ha concluido Yllanes.
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