Vox ha recurrido ante el Tribunal Constitucional (TC) la Ley de Educación aprobada por el Parlament balear el pasado mes de febrero al considerar que “pone en riesgo” el sistema educativo porque, a su juicio, “priva” al castellano de su condición de lengua vehicular, por lo que no ofrece una “enseñanza de calidad que evite las desigualdades, respete los derechos fundamentales y garantice la inclusión educativa de todo el alumnado”.
El recurso lo respaldan los 52 diputados de Vox en el Congreso, quienes piden al órgano de garantías que declare inconstitucional y anule varios artículos de dicha ley, según ha informado este viernes en una nota de prensa la formación que lidera Santiago Abascal.
La ley, la primera educativa de Baleares y propuesta por el Govern de la socialista Francina Armengol, salió adelante sin el consenso de la mayor parte de la oposición, principalmente en relación al modelo lingüístico y otras discrepancias en torno a la elección de centro y el tratamiento de la enseñanza concertada.
El secretario general de la formación, Javier Ortega Smith, ha pedido a los magistrados del Constitucional que “resistan” frente a las “maniobras” del Gobierno de Pedro Sánchez para “torcer la ley. “Sean valientes como lo fueron cuando declararon inconstitucionales los estados de alarma” decretados por la pandemia, les ha reclamado.
Para la vicesecretaria nacional Jurídica de Vox, Marta Castro, la ley “aprovecha la imprecisión de los contornos del término inclusión para implantar un inconstitucional adoctrinamiento ideológico y para privar al castellano –con grave infracción de la Constitución– de su condición de lengua vehicular y de aprendizaje en la enseñanza”.
Castro ha considerado que la normativa aprobada en Baleares ataca al menos los derechos fundamentales de utilización y conocimiento de la lengua española, de libertad ideológica y el que asiste a los padres para elegir el tipo de educación que quieran para sus hijos.
En este sentido, Vox denuncia la “prohibición” de la educación diferenciada “por excluirla de la financiación pública” y señala que los padres que necesiten un apoyo educativo específico para sus hijos pasen a tener la “obligación” de llevarlos a “centros ordinarios de titularidad pública” y no a centros especiales.
Vox, además, ve una ideología de género en la nueva ley educativa que escapa a la “neutralidad exigible a la Comunidad Autónoma” y adopta una “postura ideológica” exigible al evaluar al alumno.
La ley balear blinda el conocido como ‘decreto de mínimos’, que establece un mínimo del 50 por ciento de horas lectivas en catalán y la autonomía de los centros para decidir el resto. Desde la oposición, incluido Vox, reprocharon al Govern que la ley nazca sin recoger la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre el mínimo del 25 por ciento de horas en castellano en el modelo de Cataluña.
A este respecto, el portavoz de Vox en Baleares, Jorge Campos, ha afirmado que la inmersión lingüística “lleva imponiéndose” en las islas desde el año 1997, con la aprobación de la Ley de Mínimos.
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