El ex diputado del Parlament y regidor del Ayuntamiento de Palma por el PP Álvaro Gijón, sus padres y su hermano solicitan penas de prisión para el juez Manuel Penalva y el fiscal Miguel Ángel Subirán que suman un total de 115 años.

En el escrito de acusación remitido al Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB) para la apertura de juicio oral, al que ha tenido acceso Europa Press, se señala también a los integrantes del Grupo de Blanqueo de Capitales de la Policía Nacional José Luis Reguera, Blanca Ruiz, Miguel Ángel Blanco e Iván Banderas.

DELITOS DE OMISIÓN DEL DEBER

El letrado que representa a Gijón y su familia sostiene que los acusados deben responder ante la Justicia por delitos de omisión del deber de perseguir delitos, revelación de secretos, detenciones ilegales, torturas, obstrucción a la Justicia, prevaricación y contra la integridad moral.

En detalle, en el escrito de acusación mantienen que todos actuaron “de forma extralimitada e ilegal, puestos de acuerdo” desde marzo de 2016 gasta 2018 para “intentar desprestigiar, perjudicar, detener y que se pudiera llegar a condenar en causa penal” a Gijón.

PRESIÓN PSICOLÓGICA Y MEDIÁTICA

Principalmente, continúa la acusación, “pretendían ejercer una importante presión psicológica y mediática” sobre el ex político del PP para que dimitiese de sus cargos y “así dejar de ser aforado” ya que por ser diputado autonómico tenía esta condición.

A lo largo del escrito, el abogado de Gijón detalla las filtraciones a la prensa “a periodistas amigos” sobre el caso ORA y caso Cursach pese a haber sido declaradas esas diligencias secretas.

Igualmente, indica que el testigo protegido número 19 declaró en la instrucción judicial del caso ORA un supuesto amaño en el concurso de adjudicación del servicio del Ayuntamiento de Palma de Álvaro Gijón a la empresa Roig, cuyo empresario también ha presentado escrito de acusación particular contra Penalva, Subirán y los policías nacionales.

MANIFESTACIONES DE LOS TESTIGOS

En este punto, el escrito subraya que tanto las manifestaciones realizadas por este testigos y los datos aportados “no eran más que meras sospechas” y el informe realizado por el policía Miguel Ángel Blanco “adolece de toda concreción” para poder fundamentar la existencia de un delito penal.

“A partir de meras sospechas”, prosigue, “todos los acusados decidieron actuar contra Álvaro Gijón y contra los hermanos, padres y tíos haciendo filtraciones a la prensa para mancillar su reputación”. “La finalidad era conseguir ablandarlo para que dimitiese y así dejar de ser aforado”, mantiene.

ENGAÑOS O PROMESAS

Seguidamente, la acusación particular asegura que el equipo de instrucción decidió actuar contra toda la mesa de contratación del Ayuntamiento de Palma, detuvieron a los miembros del concurso del servicio ORA y les hicieron declarar “mediante engaños o promesas de que quedarían en libertad”. “Buscaron que declararan contra Álvaro Gijón mediante el miedo”, añade.

Después de estas declaraciones, sostiene que decidieron detener a los padres y hermano de Gijón, además de realizar registros en sus domicilios “humillándolos públicamente con los medios avisados en las puertas de sus casas”.

Como consecuencia, subraya que estos hechos provocaron “graves perjuicios” a todos por lo que exige una indemnización de 950.000 euros para Gijón, 100.000 euros para sus padres y 150.000 euros para su hermano.