El Consell de Govern ha otorgado al director general del IB-Salud la autorización previa para formalizar el convenio de colaboración entre Salud y la Unión Balear de Entidades Sanitarias (UBES) para la cobertura de la asistencia sanitaria de ciudadanos extranjeros temporales comunitarios y británicos por importe de 3,1 millones de euros.

Firmas del Convenio

Con la firma de este convenio, el IB-Salud cubrirá económicamente la asistencia sanitaria prestada por las entidades sanitarias asociadas a UBES y adheridas al convenio de los ciudadanos temporales comunitarios y británicos, siempre que estén en posesión de la tarjeta sanitaria europea (TSE) en vigor en el momento de su asistencia o documento equivalente para los ciudadanos temporales británicos, y que esta asistencia no pueda ser cubierta por ningún otro seguro.

La Unidad de Admisión Corporativa del Servicio de Salud no admitirá la facturación de prestación alguna que no esté estrictamente definida en este convenio.

Según ha informado en la rueda de prensa posterior al Consell de Govern el portavoz, Iago Negueruela, el sistema sanitario público de Baleares necesita reanudar el ritmo de la actividad asistencial ordinaria que se ha visto afectado a causa de la pandemia.

Listas de Espera

También es necesario agilizar las listas de espera y continuar con el control de la pandemia de la COVID-19. Por todo ello, se considera necesaria la colaboración entre el sistema público de salud y el sector privado, no sólo desde la perspectiva del período estival sino también a lo largo de todo un año.

Dentro de la colaboración planteada entre ambas partes, la atención sanitaria que las entidades asociadas a UBES puedan dar a los ciudadanos extranjeros temporales europeos o británicos, tanto desde sus instalaciones hospitalarias como desde sus instalaciones extrahospitalarias, permitirá el espaciamiento del sistema público de salud.

El Govern, ha concluido, debe garantizar el buen funcionamiento del sistema sanitario público ejerciendo las diferentes facultades que las leyes específicas le atribuyen, aplicando sus recursos y medios organizativos, emprendiendo acciones encaminadas a satisfacer el derecho de protección de la salud y distribuyendo óptimamente los recursos de que dispone para ofrecer las prestaciones y servicios sanitarios.