El fiscal Tomás Herranz ha hecho referencia a la “infinidad” de filtraciones por parte de los investigadores del caso Cursach y ha defendido la validez de su acusación, asegurando que las filtraciones que menciona en su escrito “en absoluto vienen de los listados de llamadas nulos”.
Así ha respondido este miércoles el fiscal a las cuestiones previas presentadas el lunes por las defensas del juez Manuel Penalva, el fiscal Miguel Ángel Subirán, el inspector jefe del Grupo de Blanqueo José Luis García Reguera, el subinspector Miquel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera, para quienes se solicitan penas de cárcel que suman más de 600 años.
Sus abogados pidieron la nulidad de la instrucción y la suspensión del juicio basándose en que la mayoría de pruebas de la acusación se extrajeron del espionaje a los periodistas del caso Móviles, declarado nulo por parte del Tribunal Constitucional y el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJIB).
Sin embargo, el fiscal ha reiterado que las filtraciones que presenta en su escrito “ninguna relación tienen con los listados de llamadas” de los periodistas Blanca Pou y Kiko Mestre, de Europa Press y Diario de Mallorca, respectivamente.
Además, ha especificado que incluso algunas fuentes de prueba que pueden dar objeto a confundir su validez se basan realmente en las noticias de los periódicos publicadas, no en los listados de llamadas.
Herranz también ha cuestionado la vinculación entre la entrega del teléfono del policía Iván Bandera, de donde se extrajeron los mensajes del grupo de WhatsApp que tenían los acusados para comentar la investigación, con la nulidad de los listados telefónicos de los periodistas.
“Pueden valorarse lícitamente las pruebas y considerarse jurídicamente independientes”, ha dicho el fiscal, argumentando que “la vulneración solo se produce si la ilegitimidad de las pruebas originales se transmite a las derivadas”.
PRIMERA SESIÓN DEL JUICIO
En la primera sesión del juicio, las defensas de los seis acusados pidieron la nulidad del procedimiento y de toda la instrucción, justificando su reclamo en la sentencia que decretó nulo el rastreo del listado de llamadas y la incautación de los teléfonos a los periodistas.
En este sentido, consideraron que las pruebas extraídas posteriormente, especialmente la detención del policía Iván Bandera y la entrega de su móvil, de donde se extrajeron los mensajes del chat común con los investigadores —que sustentan la mayoría de la acusación–, deben ser declarados también nulos y, por tanto, que el juicio no se celebre.
Los letrados, entre otras cuestiones previas, hicieron también referencia a la vulneración de un abanico de derechos fundamentales, la ilegitimidad de las acusaciones particulares o la parcialidad de la instrucción judicial de esta causa, tramitada por el juez Miquel Florit y el fiscal Juan Carrau.
También se apuntó a la inhabilidad del fiscal Tomás Herranz, que presenta acusación contra los seis acusados. Cabe recordar que Herranz fue el encargado de leer el escrito de conclusiones, entre lágrimas, del caso Cursach en el que se retiraban todas las acusaciones a los procesados y pedía perdón en nombre de la Fiscalía.
LOS HECHOS
En su escrito, Fiscalía atribuye al magistrado y fiscal de la fase de instrucción del caso Cursach delitos de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, detención ilegal, prevaricación e inducción al falso testimonio. Por ello, solicita 162 años de inhabilitación y 59.400 euros de multa para Penalva y 162 años de inhabilitación y 72.600 euros de multa para Subirán. En el escrito se señalan las instrucciones de los casos Cursach, ORA, IME y Madame.
Además para el Grupo de Blanqueo pide, por delitos de revelación de secretos, detención ilegal, prevaricación y obstrucción a la justicia, penas que suman más de 340 años de prisión.
A estas penas de cárcel se suman las presentadas por los abogados de Bartolomé Cursach, Bartolomé Sbert, Jaime Lladó y Antonio Bergas. En el escrito, reclaman más de 200 años de cárcel y 338 años de inhabilitación, y multas que conjuntamente ascienden a 2,3 millones de euros por delitos continuados de revelación de secretos, obstrucción a la justicia, omisión del deber de perseguir delitos, prevaricación y coacciones.
A lo largo de las 32 páginas del escrito, firmado por los fiscales Tomás Herranz y Fernando Bermejo, el Ministerio Fiscal sitúa entre 2013 y 2018 cómo el juzgado de Instrucción número 12 de Palma siguió varios procedimientos penales para la investigación de diferentes hechos en los que intervinieron los seis acusados.
En las fechas mencionadas, el Ministerio Fiscal también describe cómo los medios de comunicación divulgaron información de las investigaciones judiciales del caso Cursach, ORA e IME con informaciones “facilitadas por los acusados” estando la causa bajo secreto de sumario.
Además, sostiene que las detenciones de 15 personas en el caso ORA se llevaron a cabo tras un testimonio “de contenido completamente inconcreto y especulativo”. Indica que tras “una muy deficiente investigación”, los acusados practicaron detenciones, presiones a detenidos, investigados y testigos y envíos a prisión.
La Fiscalía también alude a la detención del ex político del PP Álvaro Gijón, su hermano y sus padres con la motivación de “presionar y ablandarlo”, y la imputación a cada uno varios delitos “inexplicablemente”. Tras las declaraciones, los padres quedaron en libertad, pero el Ministerio Fiscal explica que el hermano de Gijón continuó arrestado “sin motivo alguno que lo justificara”.
En referencia a Gijón, los fiscales argumentan que “los investigadores se habían fijado como meta demostrar su implicación y entre todos decidieron las detenciones de su familia para ejercer presión sobre el político”.
La Fiscalía revela siete hechos más en las instrucciones judiciales del caso Cursach en las que describe presiones de Penalva, Subirán, Blanco, Bandera, Ruiz y Reguera a diferentes testigos y detenidos, entre ellos el director general del Grupo Cursach, Bartolomé Sbert.
El Ministerio Fiscal solicita a los acusados indemnizaciones para 15 detenidos a razón de 6.000 euros para cada uno por la privación de libertad y los daños morales.
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