El subinspector del grupo de Blanqueo de Capitales del Cuerpo Nacional de Policía, Miguel Ángel Blanco, ha justificado el inicio de la investigación de la causa ORA, enmarcada, según ha incidido, en el caso Cursach, y ha lamentado que se viera como “una investigación parapolicial, al margen todo control”.

Este martes ha arrancado una nueva sesión del juicio contra los investigadores del caso Cursach, que sienta en el banquillo al juez Manuel Penalva, al fiscal Miguel Ángel Subirán y a cuatro policías nacionales del Grupo de Blanqueo de Capitales —el inspector jefe José Luis García Reguera, el subinspector Miguel Ángel Blanco, la subinspectora Blanca Ruiz y el policía Iván Bandera–.

Antes de empezar su declaración, Blanco ha pedido sentir “la mínima presión relativa a tener que ir rápido”. “Suplico poder expresarme con libertad, sin prisas. Iré al grano, pero aquí hay mucho grano”, ha dicho.

Posteriormente, ha explicado, a preguntas de su abogado, Pedro Horrach, su experiencia profesional, contando que entró en 1995 en la Policía y, después del periodo de prácticas, estuvo hasta 2004 en la Oficina de Denuncias. A partir de ahí se fue a la brigada de Policía Judicial y cuando llegó al grupo de Blanqueo, el caso Cursach se había iniciado hacía aproximadamente un año.

En ese momento, su cometido inicial, según ha relatado, fue ponerse “al día” en la causa Cursach y apoyar a los compañeros en los operativos que se llevaron a cabo hasta julio de 2016, cuando entró el tema de la ORA.

Sobre esta causa, ha lamentado que “se haya dicho que no había ni causa por delito ni indicios, como si hubiese sido una investigación parapolicial, al margen de todo control”. Además, ha añadido, todas las actuaciones del caso ORA I “se enmarcan en el caso Cursach”.

En esta línea, ha señalado que la investigación se inició a raíz de las declaraciones en sede judicial y policial de un testigo protegido, que afirmó que Antonio Roig había pagado más de un millón de euros a Álvaro Gijón y a José María Rodríguez para asegurarse el concurso de la ORA.

Dicho testigo, por tanto, contó “que había habido un amaño en un concurso específico y dio datos con nombres y apellidos del sobornador y sobornado”. “Hay que estar muy loco o ser un inconsciente para decir esto” si no es verdad, ha apuntillado Blanco. Además, ha criticado que las defensas hayan tratado de “desvirtuar” el testimonio de este testigo con hechos “irrelevantes”.

A raíz de estas declaraciones, ha continuado el subinspector, se pidió el expediente al Ayuntamiento de Palma y se tomó una primera declaración a uno de los licitadores que perdió pese cumplir con más requisitos, a su juicio.

Asimismo, a la hora de analizar el expediente del concurso de la ORA, Blanco ha asegurado que constató una serie de indicios como “la ocultación deliberada de un dato muy concreto para un hecho muy concreto” o “el número inusual de los integrantes de una mesa de contratación en un día concreto”.

El subinspector también ha apuntado a, al menos, seis reuniones de la mesa de contratación, pese a que uno de ellos estuviera de baja por paternidad u otro estuviera de vacaciones, según ha ejemplificado. Además, en referencia a las actas que fueron entregadas por parte del Ayuntamiento, ha cuestionado su seriedad.

Sobre los pliegos de la licitación del concurso de la ORA, Blanco ha sentenciado que los entonces investigados “se saltaron los pasos, los invirtieron”, enseñando al Tribunal varios documentos que ha considerado “indiciarios”.

Por tanto, “indicios delictivos en la primera fase de la investigación policial y judicial”, ha insistido Blanco, quien también se ha referido al testimonio de una letrada de los servicios jurídicos que señaló que se llevó la propuesta de acuerdo, finalmente aprobada, sin el informe jurídico.

Durante su declaración, el subinspector también ha argumentado que el contrato de la ORA se licitó por 30 millones, “seis millones más” de lo debido. Asimismo, ha recriminado a un abogado de la acusación particular que “falseara la verdad” en referencia a un informe presentado en otras sesiones, en cuanto a que dijo que el incremento de toda una serie de partidas era de tres millones, cuando en realidad dicho aumento era sobre una partida únicamente, según ha afirmado el acusado.

Para seguir justificando sus argumentos, Blanco ha aludido a otras declaraciones de testigos, entre ellas la de una mujer que aseguraba que “Femenía era una persona muy insistente, que se sentía presionada y que le metió prisas” sobre el concurso de la ORA.

Además, en referencia a la declaración en sede judicial de Álvaro Gijón, ha recordado que se le preguntó si tenía alguna vinculación con el departamento de Movilidad, negando este hecho. “Sí tenía que ver; esta percepción de que mentía no fuimos los únicos en verla”, ha asegurado en la Sala el subinspector.

“Defiendo la absoluta legalidad de todo esto y, sino, asumiré las consecuencias”, ha insistido el procesado ante la Sala, para proceder después a justificar las detenciones de “12 o 13 personas” en el marco de la causa, una decisión tomada “de modo conjunto por el equipo investigador”, formado por él, Penalva, Subirán, García Reguera y Ruiz.

En este punto, ha enfatizado que Iván Bandera –policía acusado– no participó, pero “Juan Carrau sí”. “Las cosas son como son, no he venido a tirar balones fuera”.

Seguidamente, Blanco ha citado otras declaraciones recabadas durante la investigación que sostienen que la adjudicación del concurso se hizo con la opción “más cara y más antieconómica”, u otras que, bajo su juicio, evidenciaron la irregularidad de la constitución de la mesa de contratación.

“111 años que se me piden son muchos, esto merece que se explique con detalle”, ha expresado el acusado, tras casi dos horas y media de declaración.

Para finalizar, ha destacado que se necesita una “interrelación” entre departamentos para “amañar” el concurso, una acción que no se puede hacer “entre dos”, lo que motivó la detención de las 12 personas. Sobre las fichas de imputación, Blanco ha manifestado, además, que estaban “bien hechas”, pero que él no realizó ninguna, ya que siempre se encargaba otro policía.

Emocionado, el subinspector ha sentenciado que “esto es un amaño vestido bajo la apariencia de un expediente administrativo pulcro”.

“Es difícil verlo, hay que bucear en el expediente, pero han saltado por los aires los requisitos de la contratación –publicidad, libre concurrencia, igualdad y no discriminación–“, ha insistido el subinspector, quien ha contemplado que “se podría haber hecho mejor”, pero que habría hecho “lo mismo con lo que tenía, a pesar de los 111 años”.