Un empresario de Magaluf ha afirmado este jueves que desde que el exjefe de Policía Local de Calvià, José Antonio Navarro, fue detenido dejó de recibir multas y “todo el mundo comenzó a ser tratado por igual”.

El hombre ha declarado como testigo en el juicio contra Navarro y otros tres agentes y dos empresarios acusados de varios delitos de extorsión y amenazas a locales de ocio nocturno y corrupción. La Fiscalía pide para todos ellos penas de prisión que rozan los 30 años, así como penas de inhabilitación para los funcionarios públicos.

El empresario ha insistido en que hasta el arresto de Navarro tuvo la sensación de que sus negocios eran continuamente tratados de manera diferente a los de la competencia.

El testigo se ha referido a una inspección y registro en su local en la que supuestamente agentes de policía colocaron droga para ser encontrada por un perro –los agentes sostuvieron en su declaración que se trata de una práctica habitual– a fin de extorsionarle, aunque ha negado que entregara el video de este operativo como venganza por la difusión de un vídeo del ‘mamading’.

Según ha afirmado, tardó alrededor de un año en entregar este vídeo porque trató de recoger pruebas a través de un detective privado y porque “no se fiaba de la policía”. Además, ha añadido, que cada vez que acudía al Ayuntamiento de Calvià a quejarse del trato “se reían de él”. “Todos mis abogados tenían miedo de ir contra los policías de Calvià”, ha añadido.

Ha relatado otros episodios, a su juicio, de intimidación como la presencia constante de un coche de policía frente a su local, multas constantes o sanciones por el mal estado de los chalecos de los tiqueteros, que tenían que adquirir en el Ayuntamiento.

A preguntas de los abogados de las defensas, no ha podido aclarar, sin embargo algunas dudas sobre los importes de las sanciones que recibía, las multas que recurría o los locales que fueron objeto de las inspecciones.

La pieza deriva de la macrocausa de corrupción policial de Palma y la ha asumido el fiscal de Madrid Tomás Herranz, que se encargó de los juicios a Bartolomé Cursach y al juez Manuel Penalva.

La Fiscalía acusa a los policías de extorsionar a locales de Magaluf hostigándolos con inspecciones irregulares para ahuyentar a su clientela y así beneficiar a la competencia. Además, los agentes también habrían obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas.