El pleno del Consell ha rechazado este jueves, con los votos desfavorables de PP y Vox, la propuesta de MÉS para obligar a las concesionarias de la institución que tengan comedor –residencias, centros de menores, refugios, etc– a utilizar solamente aceite de Mallorca.
La propuesta también instaba al departamento de Promoción Económica y Desarrollo Local a poner en marcha una campaña de bonos descuento que incentive entre la ciudadanía la compra del aceite de Mallorca y ayude a compensar el incremento del precio de este producto de primera necesidad.
También reclamaba una campaña publicitaria multicanal para promocionar e incentivar el consumo del aceite de Mallorca entre la ciudadanía, así como impulsar convenios de colaboración con las asociaciones, federaciones y patronales hoteleras y de restauración para fomentar el uso del aceite de Mallorca en sus establecimientos.
El portavoz de MÉS per Mallorca, Jaume Alzamora, ha reprochado a PP y Vox su “hipocresía en la defensa de la Denominación de Origen ‘Oli de Mallorca'”.
El ecosoberanista ha recordado que el aceite de Mallorca ha experimentado un importante crecimiento que se ha traducido, entre otros, en la “generación de puestos de trabajo de calidad y una contribución inestimable a la conservación del paisaje rural de Mallorca”.
Sin embargo, según el portavoz de MÁS, “el sector no esconde su preocupación ante la escalada desbocada de precios y que podría provocar, después de tanto esfuerzo, que el consumidor apueste por otros tipos de aceite y renuncie a su compra en favor de otros aceites con precios más bajos, pero también de menos calidad”.
En este sentido, aseguró que algunos analistas financieros ya vaticinan que las subidas de precio irán deteriorando el consumo de forma paulatina. “Esta tendencia, a pesar de tener un alcance global, tiene una incidencia local que, en el caso de Mallorca, podría suponer una crisis sin precedentes en un sector que es y debe seguir siendo clave en el cambio de modelo productivo”, ha alertado.
A ello ha sumado “el abandono de fincas productivas, y, por tanto, una degradación paisajística y pérdida patrimonial de valor incalculable que, en el caso de la Serra de Tramuntana, declarada Patrimonio de la Humanidad, podría suponer la suspensión de esta distinción”.
Alzamora ha incidido en que “el Consell de Mallorca no puede mantenerse al margen tanto en la defensa de los intereses de los consumidores como en el apoyo institucional a un sector estratégico”. “Esta obligación no es moral sino que se trata de un mandato legislativo”, ha concluido.
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