Varias funcionarias del Ayuntamiento de Calvià han negado este jueves haber recibido en alguna ocasión, cuando han estado en el departamento de Infracciones y Sanciones, instrucciones para perjudicar a beneficiar a determinados grupos de empresas de ocio de Magaluf en la tramitación de expedientes sancionadores.
Las empleadas públicas han comparecido como testigos a propuesta del abogado Jaime Campaner, que ejerce la defensa del exjefe de la Policía Local de Calvià, acusado, junto a otros agentes y dos empresarios de extorsionar a locales de la competencia.
Las funcionarias han negado igualmente que los agentes de la Policía Local que redactaban las actas de denuncia puedan influir en su tramitación. “No se hubiera permitido”, ha afirmado una de ellas.
Otra de las trabajadoras ha afirmado que tampoco detectó que las empresas denunciadas y sancionadas fueran siempre las mismas.
En la Audiencia Provincial encara sus últimas jornadas el juicio contra el exjefe de la Policía Local de Calvià, otros tres agentes y dos empresarios acusados de varios delitos de extorsión, amenazas y corrupción, entre otros. La Fiscalía pide para todos ellos penas de prisión que rozan los 30 años, así como penas de inhabilitación para los funcionarios públicos.
El Ministerio Público acusa a los policías de extorsionar a locales de Magaluf hostigándolos con inspecciones irregulares para ahuyentar a su clientela y así beneficiar a la competencia. Además, los agentes también habrían obtenido beneficios trabajando directamente como asesores laborales para las empresas, cobrando las facturas a través de sociedades a nombre de terceras personas.
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