Fiscalía pide penas que suman 32 años de cárcel

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares celebra este lunes (10.00 euros) el juicio contra excargos del Govern, Consell de Mallorca y representantes de la asociación PAS-Amics del Camí por prevaricación, fraude, malversación de fondos y falsedad documental. En total, Fiscalía pide penas que suman 32 años de cárcel.

En concreto, se sientan en el banquillo los que, en el momento de los hechos, ocupaban los cargos de gerente del Instituto de Estrategia Turística de las Islas (Inestur) de la Conselleria de Turismo del Govern, Antonio Oliver; el jefe del área de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (IMET), Antonio Rebassa; el responsable de la supervisión de contratos menores del área del IMET, Sebastián Amengual; la vicepresidenta y consellera de Cultura y Patrimonio del Consell de Mallorca, Joana Lluïsa Mascaró; el secretario general técnico del departamento de Cultura y Patrimonio del Consell, Joan Serra; el director de la asociación PAS-Amics del Camí, Lluis Planas, y el secretario y representante de la citada asociación en Mallorca, Emilio Gallardo.

Según el escrito de acusación, los procesados, siendo algunos funcionarios públicos y otros responsables de la Asociación PAS-Amics del Camí, se concertaron para favorecer de manera indebida con fondos públicos a la citada asociación.

Con dicha finalidad, continúa Fiscalía, y para justificar la transferencia de caudales públicos, se usaron instrumentos jurídicos –contratos y subvenciones– pese a que sus contenidos eran análogos y efectuaban un reparto entre distintas administraciones –especialmente Govern y Consell– cuyo único sentido era trasladar fondos a la asociación.

De este modo, se celebraron contratos, se concedieron subvenciones y se firmaron convenios atendiendo a las disponibilidades económicas de las administraciones en lugar de valorar si se concertaba una prestación o se fomentaba al modo de subvención una determinada actividad.

Varias de las administraciones que actuaron en connivencia con la asociación fragmentaron contratos y obviaron la aplicación de la Ley para evitar que tuvieran que celebrarse concursos públicos con las garantías de publicidad y concurrencia.

Según el fiscal, de esta forma el concierto supondría que no se cumplieran las normas de contratación pública, que se impidiera la libre concurrencia o intervención de terceros, que una entidad privada disfrutara de información confidencial y trato de favor por parte de las administraciones y que se ocasionara un perjuicio económico a las administraciones al transferir fondos por valor superior al que el mercado marca.

El escrito señala como origen de los hechos una reunión celebrada el 28 de noviembre de 2008 en dependencias del área de Inversiones para la Mejora del Entorno Turístico (IMET), perteneciente al Instituto de Estrategia Turística de las Islas (Inestur).

A dicha reunión asistieron Rebassa, Mascaró y Serra en representación de la Comunidad, y Planas, Siquier y Gallardo en nombre de la asociación. En dicho encuentro, las administraciones públicas se comprometieron a una aportación económica de 88.000 euros y se acordó la firma de un acuerdo marco para desarrollar un proyecto de trabajos de georreferenciación por parte de Planas, Siquier y Gallardo.

El fiscal añade que para aparentar la legalidad y justificar el trato de favor, Serra se comprometió e intervino para que las contrataciones con las que se beneficiaría la asociación se realizaran evitando la concurrencia pública y que fuera suficiente la justificación de los servicios y trabajos con la mera presentación de memorias y facturas, dotando de exclusividad la realización de estos trabajos al PAS.

Para ello, la Comisión de Cultura, Educación y Deportes del Parlament aprobó el 8 de octubre de 2009 una PNL en la que la cámara balear manifestaba su reconocimiento y apoyo al proyecto El Camí e instaba al Govern y a la diferentes administraciones de las Islas a darle reconocimiento y colaboración.

No consta, según la acusación pública, que otra asociación privada del mismo nivel que PAS haya conseguido un respaldo semejante. En cualquier caso, esta PNL no podría permitir nunca la realización de contratos, concesión de subvenciones o en general compromisos de gasto no ajustados a derecho.

Así, siguiendo con lo acordado en la reunión de noviembre, el Ministerio Fiscal cita varias ocasiones en las que, a través de las instituciones en las que trabajaban algunos de los acusados, se benefició a la asociación mediante expedientes de contratación o concesión de subvenciones.

Además, el fiscal añade que en el otorgamiento de fondos públicos se cometieron múltiples irregularidades administrativas en las distintas fases, todo ello para ejecutar “el plan de beneficiar a la asociación con fondos públicos”.

Dicha ejecución del plan se realizó con “clara vulneración” de la libre competencia, libertad de acceso, la publicidad y eficiente utilización de los fondos públicos y sin un adecuado control del gasto.

El fiscal menciona, en este sentido, un macroproyecto de la asociación que superaba los 100.000 euros y en el que debía ejecutarse una efectiva señalización física, una edición de guías escritas, así como la adhesión de comercios o la entrega de carnets personales.

Con todo, Fiscalía sostiene que los trabajos contratados y/o subvencionados eran innecesarios, y como evidencia señala, entre otras cosas, que los caminos trazados por el PAS ya estaban recogidos en otros catálogos o incluso señalizados por el Consell.

Pese a ello, la administración nunca buscó, según la acusación, un presupuesto alternativo y, en ocasiones, los conceptos que aparecían en los contratos eran genéricos, no se celebraban reuniones por las que supuestamente la asociación cobraba o los medios personales y materiales de la asociación no eran adecuados para el proyecto que asumían.

También alude a que las señalizaciones del PAS eran “altamente deficientes” o “manchas en bienes ajenos”, que no se ejecutó la creación de guías, que algunos textos de la página web de la asociación eran “copia literal” o que las facturas eran “del todo genéricas”.

Para finalizar, el fiscal indica que la asociación se habría satisfecho de más de 60.000 euros de la administración para georreferenciar y señalizar “por personal no capacitado, de forma duplicada y manifiestamente deficiente”.

El Ministerio Público considera los hechos constitutivos de un delito continuado de prevaricación, de fraude, de malversación y caudales públicos y de falsedad en documento oficial por funcionario.

Para Antonio Oliver y Antonio Rebassa, por los delitos de malversación y fraude, y como presuntos cooperadores del delito de falsedad en concurso, pide seis años de prisión e inhabilitación absoluta por tiempo de diez años a cada uno.

Para Sebastián Amengual interesa que se le impongan 13.500 euros de multa y suspensión de empleo o cargo público por un tiempo de nueve meses.

Y para Joana Lluïsa Mascaró, Joan Serra, Lluis Planas y Emilio Gallardo, como presuntos autores de los delitos de malversación y fraude, pide también seis años de cárcel –a cada uno– e inhabilitación absoluta por un tiempo de diez años –también a cada uno–.

Además, interesa que se indemnice a la Comunidad en la cantidad de 42.120 euros, al Consell de Mallorca en la cantidad de 20.880 euros y al Ayuntamiento de Valldemossa en la cantidad de 3.591 euros.