En 2022 se alcanzó el máximo histórico de denuncias en la Comunidad

Las denuncias por violencia de género alcanzaron el primer semestre de 2023 las 1.688, aumentando un 16,98% en comparación al mismo periodo del año anterior, cuando se contabilizaron 1.443.

Así se desprende del Informe de Violencia de Género y Empleo elaborado por el Observatorio de la Vulnerabilidad de la Fundación Adecco con la colaboración de 27 empresas.

Del estudio se desprende que en 2022 se alcanzó el máximo histórico en el número de denuncias por violencia de género en las Islas, con un total de 7.000, un 10% más que el año anterior y un 23% más que en 2020. Esta tendencia ascendente sigue presente en lo que va de 2023, cuando se ha registrado un aumento del 17%.

A nivel nacional, el número de denuncias registradas en los primeros seis meses del año fueron 41.765, un 10,92% más que el mismo periodo de 2022. Por comunidades autónomas, Navarra (56,5%), Extremadura (33,4%) y Castilla y León (25,6%) son las regiones donde se han registrado los mayores incrementos de denuncias por violencia de género.

Cabe destacar que el análisis basa sus conclusiones en una encuesta a 350 mujeres desempleadas que están superando un proceso de violencia de género y buscan un trabajo para salir adelante, complementada con cifras de otras fuentes oficiales de referencia.

Entre otros resultados del informe, se observa que la violencia de género aleja a siete de cada diez mujeres. Así, y preguntadas por su situación y expectativas laborales en el momento de sufrir la violencia, el 70% responde que dicha violencia mermó sus oportunidades laborales, ya sea porque querían buscar empleo pero no se sentían con la seguridad y/o confianza suficientes (65% de los casos) o porque, teniendo trabajo, se vieron forzadas a dejarlo por la presión ejercida por su pareja (35%).

En el primer caso, es significativo cómo la violencia de género puede erosionar la autoestima de una mujer, haciéndola sentir incapaz o no cualificada para el mundo laboral, según el informe.

En el segundo caso, continúa el estudio, las mujeres encuestadas afirman que su agresor ejerció un severo control sobre ellas, a través de amenazas, manipulaciones e incluso violencia física, forzándolas a dejar su trabajo, con el resultado de un mayor aislamiento social de la víctima y un refuerzo de la posición de poder de la persona agresora.

Además, del total de encuestadas, el 55,5% lleva más de un año en situación de desempleo. Entre los principales obstáculos o barreras que encuentran en este camino, destacan la inseguridad y la autoestima (65%), el temor a ser localizadas por la persona agresora en el puesto de trabajo (44%), la incompatibilidad de horarios para hacer frente a sus responsabilidades familiares (33%), la ausencia de medios digitales para buscar trabajo (30%) y el desconocimiento a la hora de definir una estrategia de búsqueda de empleo (21%).

Esta situación, a su vez, expone a estas mujeres de forma más acusada a la pobreza y al riesgo de exclusión, según el estudio. Así, atendiendo a las cifras del informe, la gran mayoría (97,3%) manifiesta algún grado de dificultad para llegar a fin de mes (un 68,4% termina la mensualidad “con mucha dificultad” y un 28,9% lo hace “con dificultad”).

En este sentido, un 64,2% se plantea trabajar de forma irregular, sin estar dada de alta en la Seguridad Social, debido a la urgencia de ingresos para cubrir gastos esenciales.

El análisis refleja también que casi tres cuartas partes de las encuestadas no comunica su situación en las entrevistas de trabajo. En concreto, un 72,7% de las mujeres prefiere no revelar su situación ante el temor a ser descartada debido a prejuicios que asocian a las mujeres víctimas con “personalidades inseguras”, “conflictivas” o “absentistas”. El 27,3% restante sí lo comunica, al considerarlo necesario para su seguridad.