La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Baleares celebra el martes (13.00 horas) la vista previa al juicio por el conocido como caso Exámenes, en el que se acusa a siete personas, entre ellas excargos y funcionarios de la Policía Local de Palma, de alterar el resultado de un concurso-oposición para optar al cuerpo municipal.

En el banquillo se sientan los que por aquel entonces ocupaban los cargos de director general de Seguridad Ciudadana, Enrique Calvo; el intendente jefe de la Policía Local de Palma, Antonio Vera; el comisario jefe de la Comisaría Operativa y de Seguridad, Rafael Estarellas, y otros cuatro funcionarios de la Policía Local.

Según recuerda el escrito de acusación, el 30 de diciembre de 2012 se dictó una resolución por parte del área de Función Pública del Ayuntamiento de Palma que acordaba la convocatoria del concurso-oposición para cubrir 14 plazas de oficial de la Policía Local de Palma. Dicha resolución fue publicada en el Boletín Oficial de Baleares el 10 de enero de 2012.

Esta convocatoria, en su parte de oposición, tenía varias pruebas, entre ellas una de aptitud físico-médica, otra profesional complementaria consistente en 80 preguntas tipo test sobre 30 temas seleccionados, una prueba profesional consistente en desarrollar por escrito diez preguntas sobre 30 temas relacionados y una última prueba psicotécnica.

Al respecto, el fiscal indica que a principios de 2012, Calvo, Vera y Estarellas decidieron de mutuo acuerdo alterar de forma fraudulenta el resultado del concurso-oposición para que salieran beneficiados determinados agentes que iban a participar en las pruebas.

Para ello, añade la acusación, Calvo aprovechó su posición y jerarquía y su influencia sobre otros funcionarios. Por su parte, Vera y Estarellas usaron sus funciones y su intervención en el desarrollo de las pruebas, ya que ello les daba el dominio y conocimiento sobre el contenido de las pruebas de acceso referidas.

Así, los dos últimos, que formaban parte del Tribunal que debía juzgar el concurso, procedieron a elaborar siete de las diez preguntas de la prueba profesional especificando las respuestas correctas. Seguidamente, facilitaron el escrito con las siete preguntas y respuestas a Calvo.

El 23 de mayo de 2012, Calvo, sobre las 12.00 horas, convocó a uno de los agentes también acusados en el cuartel de Policía Local. Allí, conforme a lo convenido entre el resto de procesados, mediante correo electrónico remitió siete de las diez preguntas de la tercera prueba con sus respectivas respuestas a dos de los agentes que participaban en la oposición, que se iba a realizar seis días más tarde.

El correo de Calvo, según el escrito, se remitió a uno de los agentes con dos documentos adjuntos. El mismo mensaje fue reenviado el mismo día al correo a los otros dos agentes implicados en esta causa.

Con las preguntas y respuestas en su poder, dos agentes se presentaron a la prueba y obtuvieron un resultado coincidente con la puntuación a las siete preguntas que, presuntamente, les habían facilitado.

Todo ello obedecía a un plan previo para favorecer a los policías que participaban en el entramado. Así, tras facilitar los exámenes, se obtendría el ascenso de dos agentes y estos posibilitarían que un tercero adquiriese una plaza fija como funcionario.

Por otra parte, el Ministerio Público señala que Vera facilitó todas las preguntas y respuestas del examen a otra persona, de quien no hay constancia de que se hubiese concertado previamente para obtenerlas. Esta persona obtuvo 24 puntos sobre 24.

Con estos resultados, añade el escrito de acusación, las tres personas favorecidas consiguieron superar las pruebas. Al conocer las preguntas y respuestas, las plasmaron en las pruebas test y de desarrollo y consiguieron aprobar, así, el concurso de oposición.

Todo ello se produjo con la intervención directa de Calvo, Vera y Estarellas, que posibilitaron las resoluciones administrativas que sabían que eran injustas.

El fiscal destaca también que Estarellas, cuando fue interpelado tras el examen por algún participante en la oposición sobre las irregularidades, se negó a cualquier investigación y tampoco hizo comentario alguno.

Asimismo, cuando tuvo conocimiento de la escritura notarial que daba fe de la filtración, no llevó a cabo acto alguno para investigar o para anular el concurso.

Por último, Fiscalía indica que el séptimo acusado, inspector por aquel entonces de la Unidad Nocturna, archivó las diversas denuncias y expedientes administrativos contra otro de los procesados.

Esta decisión de archivo, según la acusación, venía motivada porquer el agente había dado a conocer la existencia de la escritura pública en la que se acreditaba la filtración de las preguntas del concurso-oposición.

El fiscal considera los hechos constitutivos de delitos de revelación de secretos, continuado de prevaricación y de omisión de perseguir delitos.

Para Calvo, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación por un tiempo de cuatro años, y por el delito continuado de prevaricación, pide ocho años y seis meses de inhabilitación.

Para Vera, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación durante cuatro años; por el delito continuado de prevaricación, ocho años y medio de inhabilitación, y por el delito de omisión de perseguir delitos, 15 meses de inhabilitación.

Para Estarellas, por el delito de revelación de secretos pide 18 meses de prisión e inhabilitación durante cuatro años, y por el delito continuado de prevaricación, ocho años y medio de inhabilitación.

Para otros tres acusados, el fiscal pide 18 meses de prisión e inhabilitación especial para cargo público durante cuatro años por el delito de revelación de secretos –a cada uno–, y para el séptimo procesado pide 15 meses de inhabilitación por el delito de omisión de perseguir delitos.