Llorenç Córdoba se desmarca del PP y se abstiene
El pleno del Parlament ha aprobado este martes la moción de Vox que contiene el impulso de medidas para que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública y lo ha hecho con la ausencia de la presidenta del Govern, Marga Prohens.
Al mismo tiempo, el diputado de sa Unión, Llorenç Córdoba, se ha abstenido desmarcándose así del PP horas después de anunciar que se replantea el apoyo incondicional al Ejecutivo.
La moción ha salido adelante con 32 votos a favor, 24 en contra y la abstención del diputado Córdoba.
Entre otros puntos, el texto reclama, en línea con lo contenido en los acuerdos de investidura impulsar el desarrollo normativo correspondiente para que el desconocimiento del catalán no penalice en el acceso a la función pública, extremo que para MÉS per Mallorca supone la eliminación, no solo del requisito sino del mérito.
La moción pide también en todo caso que se garanticen los derechos de los ciudadanos a dirigirse y ser respondidos en la Administración Pública empleando la lengua que deseen.
La portavoz de Vox, Idoia Ribas, ha celebrado la aprobación de la moción, aunque lo ha hecho recordando que “queda mucho por hacer” e insistiendo en que el PP necesita Vox para garantizar la estabilidad del Ejecutivo. “Tenemos un acuerdo a cambio de se lleven a cabo actuaciones en materia lingüística. Habrá más medidas”, ha adelantado, volviendo a negar que se haya renunciado a la ley de creación de la Oficina de Libertad Lingüística.
“No por decir muchas veces que la Oficina va a perseguir el catalán va a ser verdad, igual que por mucho que se diga que Baleares es un país va a dejar de ser una región de España”, ha afirmado en respuesta a la diputada de MÉS per Mallorca Maria Ramon.
La ecosoberanista ha criticado que eliminar el catalán como requisito y mérito en la función pública es el tercer episodio de los ataques de Vox a la lengua “tras la segregación a cambio del techo de gasto y la oficina lingüística a cambio de los presupuestos”.
Ramon ha calificado la oficina lingüística como “un chiringuito regado con 750.000 euros para perseguir personas, ayuntamientos, entidades y consejos escolares”.
Por parte del PP, la portavoz adjunta, Marga Duran, ha garantizado que el derecho de los ciudadanos a dirigirse y ser contestado en la Administración Pública en cualquiera de las dos lenguas cooficiales siempre estará garantizado, aunque lo ha hecho recordando a Vox que el despliegue normativo no corresponde a los partidos. “Cumpliremos, no se preocupen, pero quien lo desarrolle será el Govern”, ha concluido.
El PSIB ha votado en contra porque, en palabras del diputado Carles Bona, todos los puntos van en contra de la protección del catalán. El portavoz de Més per Menorca, Josep Castells, ha lamentado que el PP esté “siendo cómplice de las obsesiones de Vox”.
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