Vox ha pedido en el Congreso derogar cualquier normativa nacional o autonómica que prime el uso del catalán, el gallego o el euskera por encima del español y actuar para revertir la relegación del segundo en aquellas comunidades en las que “la discriminación ya exista”.

Así lo ha hecho una proposición no de ley registrada este jueves en la Cámara Baja, orientada, según explica la formación, a “garantizar el uso del español, como lengua común de todos, frente a los ataques de índole separatista perpetrados en regiones españolas”.

En el texto, Vox denuncia que “las fuerzas separatistas se están sirviendo de las leyes regionales para obstaculizar la promoción y desarrollo del español”, lo que a su juicio tiene “consecuencias negativas para la igualdad y la convivencia pacífica entre los españoles”.

Los de Santiago Abascal, que acusan al Gobierno de centrarse en “exacerbar la división social y el odio de los separatistas hacia España”, recuerdan que la Constitución declara el español como lengua oficial del Estado y establece el deber de todos los españoles de conocerlo y el derecho a utilizarlo.

Igualmente, la Constitución recoge que el resto de las lenguas españolas sólo tendrán carácter cooficial en aquellas regiones con particularidades lingüísticas propias. Por ello, afirma que “los poderes del Estado deben velar por los intereses de los españoles y garantizar el derecho al uso de la lengua común”.

PRECEDENTES JUDICIALES

En la iniciativa, Vox cita diversos ejemplos de sentencias dictadas por tribunales que apoyan sus argumentos. Por ejemplo, que el Tribunal Constitucional indicó en varias sentencias que “sólo del castellano se establece constitucionalmente un deber individualizado de conocimiento, y con él la presunción de que todos los españoles lo conocen” y que “no existe un deber constitucional de conocimiento en una lengua oficial”.

Por todo ello, la proposición de los de Santiago Abascal también exige cumplir con la doctrina del Tribunal Constitucional, garantizando el derecho al uso del español en todo el territorio nacional; garantizar el derecho de cualquier nacional o extranjero a utilizar el español y desenvolverse plenamente a través del uso de la lengua española, contando para ello con el apoyo de los poderes públicos; y eliminar cualquier tipo de limitación por razón de uso de la lengua española en todas las regiones de España.