Representantes del PSIB en los Consells de Mallorca, Menorca e Ibiza han mostrado su rechazo este martes en el Parlament a la proposición de ley de transparencia y control de los cargos públicos de Baleares que contempla la eliminación de la Oficina Anticorrupción. “Supone un retroceso de 15 años”, han considerado.
Así lo han expresado representantes socialistas de los distintos Consells este martes en la Comisión General de los Consells Insulares, en la que se ha debatido la proposición de ley de transparencia y control de los cargos públicos de Baleares.
Durante el debate, la portavoz socialista en el Consell de Mallorca, Catalina Cladera, ha reprochado que “queda claro que el PP no quiere controlar la corrupción” y ha considerado que, con el cierre de la Oficina, desaparecerá el canal externo para hacer denuncias anónimas.
En esta línea, los consellers socialistas de Menorca e Ibiza, Susana Mora y Josep Marí, han criticado que Baleares sea “una comunidad autónoma manchada por la corrupción y que ahora se vuelve 15 años atrás”. Además, Mora ha pedido al PP que “recapacite” y ha calificado la cuestión de “vergüenza” para las Islas.
Asimismo, el conseller de Gent x Formentera Rafael González también ha coincidido con los socialistas al considerar que “sería mejor que la tarea anticorrupción la siguiera haciendo un órgano independiente” como la Oficina Anticorrupción. Además, ha añadido que “no queda justificado que sea más eficiente” el registro que propone la futura ley.
Elimnación de la Oficina Anticorrupción
El pleno del Parlament del pasado 28 de noviembre aprobó tomar en consideración esta proposición de ley del PP, que contempla la eliminación de la Oficina para la Prevención y Lucha contra la Corrupción.
La propuesta ‘popular’ recupera, como unidad dependiente del Parlament, el Registro de intereses y actividades y crea el Registro de patrimonio de los miembros del Govern y de los cargos públicos de la comunidad autónoma.
Asimismo, establece la obligatoriedad de todos los cargos a seguir presentando sus declaraciones de bienes, de renta y de incompatibilidades y la Policía, Fiscalía y los órganos judiciales seguirán teniendo acceso a ellas.
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