El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Iago Negueruela, ha celebrado la admisión a trámite, por parte del Tribunal Constitucional, del recurso de inconstitucionalidad contra la eliminación del catalán como requisito para acceder a la sanidad pública.

El representante parlamentario de los socialistas ha afirmado que esta decisión es “un paso adelante importante” en la defensa de los derechos lingüísticos de la ciudadanía y por una sanidad pública de calidad, según ha explicado a través de un comunicado.

Negueruela ha señalado que la normativa del PP es un decreto ley que “ataca la lengua propia de Baleares”, por lo que ha celebrado la admisión a trámite del recurso y ha indicado que “ahora se verá qué dice el Tribunal Constitucional”.

Precisamente, el PSIB ha resaltado que esta admisión a trámite se produce en el mismo día que el Congreso incorpora el catalán y el resto de las lenguas cooficiales también en las comisiones, por lo que, “este martes, la defensa de la lengua propia tiene una especial relevancia”.

En cualquier caso, Negueruela ha matizado que este recurso es fruto del trabajo conjunto entre el Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso y Sumar –formación en la que está integrada MÉS per Mallorca–, y gracias a la labor de la Obra Cultural Balear, que pidió interponerlo y ha hecho “un trabajo magnífico para poderlo presentar en tiempo y forma”.

A la espera de que el Tribunal Constitucional se pronuncie de forma definitiva, el recurso considera que el Decreto Ley del Govern “vulnera el principio de igualdad, consagrado en la Constitución, y el de no discriminación por razón de lengua, reconocido en el Estatut d’Autonomia”.

Asimismo, en el mismo escrito se alega que “atenta” contra el régimen de cooficialidad lingüística vigente, al “sacrificarse el derecho de los ciudadanos a utilizar, en condiciones de igualdad y con normalidad, la lengua catalana en sus relaciones con la administración sanitaria”.

Además, según contempla el recurso, el Decreto Ley del Govern “vulnera la prohibición de arbitrariedad de los poderes públicos, en relación al mandato de protección de todas las lenguas españolas del artículo 3.3 de la Constitución, y el principio jurisprudencial de no regresión, en este caso en materia de derechos lingüísticos, puesto que la eliminación de las garantías para el ejercicio del derecho de opción lingüística, proclamado en el artículo 14.3 del Estatut constituye un retroceso del estatus jurídico de la lengua catalana, que no es razonable ni proporcionado y contrario a los mandatos de normalización”.