Un total de 27 personas han aceptado este jueves penas que suman 56 años y cinco meses de cárcel, y multas por valor conjunto de 202.384 euros, por traficar con cocaína, marihuana y hachís al menos desde 2016 hasta su detención en 2017.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares había reservado este jueves y viernes para celebrar el juicio contra el grupo. El elevado número de acusados y abogados ha obligado a habilitar la sala que habitualmente se utiliza para juicios con Jurado.

Las defensas han alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía, lo que ha evitado la celebración del juicio al confesar todos los acusados su implicación en la trama. Han asumido delitos contra la salud pública y pertenencia a grupo criminal. La pena que solicitaba la Fiscalía también se ha visto sensiblemente reducida, ya que originalmente era de 143 años de prisión.

El grupo formó una estructura estable dedicada a la venta de droga, con un reparto de las tareas de compra, almacenamiento, preparación, transporte y venta de la sustancia.

Dentro de sus actividades, se sirvieron de un local en el puerto de Sóller, regentado por uno de los encausados, para el aprovisionamiento y distribución de la mercancía.

La investigación incluyó los contactos telefónicos entre varios de los implicados y los desplazamientos entre domicilios supuestamente para trasladar la droga. La fiscal destacaba que en sólo un año, el coche de uno de los acusados pasó 174 veces por el túnel de Sóller para permanecer sólo 35 minutos de media en el municipio, en colaboración con un contacto en Palma que les abastecía de las sustancias.

Varios de los acusados tienen antecedentes por tráfico de drogas y se les ha aplicado una agravante por reincidencia. Otros se han beneficiado de una atenuante por drogadicción.

Individualmente, las penas van de un año y un mes de cárcel a tres años y siete meses de cárcel, y las multas de 2,3 euros hasta 42.103 euros (con un mes de prisión en caso de impago).

Para varios de los acusados se ha acordado la suspensión de la pena, por lo que no ingresarán en prisión.