Un hombre acusado de una presunta estafa con criptomonedas a una anciana de Calvià se ha defendido este miércoles, en la Audiencia Provincial, asegurando que no es el autor de la estafa sino otra víctima y que perdió alrededor de 300.000 euros en supuestas inversiones.

El hombre se enfrenta a una petición de seis años de cárcel por parte de la Fiscalía, que le acusa de haber desviado casi 123.000 euros de las cuentas bancarias de la víctima y su marido a cuentas de su titularidad.

Esas transferencias son la única conexión entre la víctima y el acusado, que no se conocen entre sí, aunque sus relatos muestran claras similitudes respecto a cómo comenzaron a hacer pagos creyendo que estaban comprando criptomonedas.

El hombre sostiene que las cuentas que recibieron el dinero las abrió asesorado por supuestos ‘brókers’ en los que confió ciegamente, y que él se limitó a autorizar las transferencias porque le habían indicado que eran necesarias para poder recuperar sus inversiones. El dinero fue a parar a una plataforma de criptomonedas con sede en California, y a partir de ahí se hace imposible rastrearlo.

La Guardia Civil ha reconocido que es habitual que en este tipo de estafas se utilicen cuentas intermediarias de personas que han sido engañadas, pero considera sospechoso que, en este caso, los datos de contacto y autentificación eran los del acusado.

Para los investigadores, “no tiene sentido” que los estafadores pidan a una víctima que abra cuentas bancarias pero le dejen el control de las mismas, “salvo que sea parte del engranaje para mover el dinero”, como ha razonado un agente de la Guardia Civil. El funcionario también ha señalado que las cuentas estuvieron abiertas y operando durante unos cinco meses en los que podría haber detectado que los movimientos eran anormales.

Mientras, el abogado de la defensa ha subrayado que el acusado también presentó una denuncia, y que su única vinculación al caso fue que autorizó la salida de esos fondos a una tercera cuenta, ajena a él, “hasta que se quedó sin un céntimo”.

Además de la pena de cárcel, la Fiscalía pide una multa de 3.650 euros para el acusado, así como la devolución de las cantidades presuntamente defraudadas.