El Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) emitió en 2020 un certificado de conformidad con el pedido de mascarillas a la empresa clave del caso Koldo, a pesar de que ya había recibido, dos meses antes, los resultados de los análisis constatando que el material no cumplía con los requisitos de una mascarilla FFP2.

Esta certificación se hizo el 12 de agosto de 2020 a solicitud de la empresa, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, y la firma un subdirector de Compras y Logísticas, según ha informado en una rueda de prensa el actual director del IbSalut, Javier Ureña.

Ureña ha aclarado que es habitual que las empresas soliciten este tipo de certificados para poder presentarlos al concurrir a otras contrataciones públicas. El documento acredita que, para el IbSalut, el contrato se había ejecutado “correcta y satisfactoriamente” sin que se hubiera producido “ninguna incidencia”.

Sin embargo, ya el 8 de junio de 2020 el centro estatal que analizaba el material había emitido un informe concluyendo que las mascarillas no cumplían los requisitos de una mascarilla FFP2. El material continúa a día de hoy almacenado en Son Dureta, ya caducado y sin utilizar.

Para los actuales responsables del IbSalut, ese certificado de agosto “hace que sea complicado que prospere” la reclamación de 2,6 millones de euros a la empresa, cantidad fundamentada en la diferencia de precio con una mascarilla quirúrgica.

De hecho, la empresa esgrimió ese documento en las alegaciones presentadas el pasado noviembre, además de protestar por que la administración le reclame la resolución de un contrato ejecutado tres años antes.

LA RECLAMACIÓN NO HA CADUCADO

Por otro lado, el Govern ha negado que la reclamación –iniciada formalmente, asegura, en agosto de 2023– haya caducado, ya que según sus cálculos el plazo continuaría vigente hasta abril. Esta afirmación la fundamente en que según “el tenor literal de la Ley”, el plazo de caducidad es de ocho meses –al margen de una sentencia reciente del Tribunal Supremo que situaría en seis meses el plazo para este tipo de procedimientos–.

En cualquier caso, tanto Ureña como la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, han restado importancia al detalle de la caducidad porque entienden que este expediente en particular no condiciona su capacidad para reclamar los fondos.

En concreto, han recalcado que aun cuando caducara, ello “no impide poder abrir un nuevo procedimiento por la vía administrativa”, en paralelo a la penal.

De hecho, el Govern tiene previsto reclamar no sólo los 2,6 millones de euros por la diferencia de precio, sino el total del importe del contrato, 3,7 millones, y planea “agotar todas las vías” que sean necesarias para ello.

En este sentido, Estarellas ha anunciado que ya se ha formalizado la personación del Govern balear ante la Audiencia Nacional, a la espera de que la admita el juez. Con ello pretende tener acceso a la totalidad de las actuaciones que no estén bajo secreto “para poder comprobar la magnitud” de las irregularidades y decidir “la forma más idónea de proceder”.

CODIFICACIÓN DISTINTA A LAS FFP2 PARA USO NO HOSPITALARIO

Uno de los detalles sobre los que se ha llamado la atención durante la rueda de prensa es el hecho de que, después de recibir las mascarillas pero antes de analizarlas, internamente se solicitó codificarlas en el sistema de inventario con un código distinto a las FFP2 estándar, para destinarlas a uso ciudadano y no hospitalario.

El actual equipo del IbSalut desconoce el motivo por el que se requirió una codificación distinta si todavía no se sabía que las mascarillas no reunían los requisitos esperados.

“Del contenido de las comunicaciones parece que pueda haber dudas del destino y uso de esas mascarillas. Hay muchas preguntas que no podemos contestar el equipo actual, porque para nosotros son auténticas incógnitas”, ha dicho Ureña.

Además, este gesto de codificar las mascarillas para uso no hospitalario entraría en contradicción con un informe del 4 de mayo donde se justifica la contratación de emergencia en la necesidad de equipar con material de protección a los profesionales sanitarios.

ANÁLISIS DE LAS MASCARILLAS

Aproximadamente un mes después de la recepción del cargamento, el 22 de mayo se solicitó internamente la recogida de un paquete de pequeñas dimensiones con muestras, destinadas al Centro Nacional de Medios de Protección, un ente del Ministerio de Sanidad que se encargaba de verificar la utilidad y validez del material. Los resultados llegaron el 8 de junio, concluyendo que no cumplía con una FFP2.

El 3 de julio el IbSalut trasladó este expediente junto a otros para valorar que recibieran financiación europea (fondos FEDER). Estarellas ha querido ser “muy prudente” al valorar este paso, puesto que “siempre que hay la posibilidad de ir a un fondo europeo, la administración tiene obligación de trasladarlo”.

En lo relacionado con este pedido, no se producen más novedades relevantes hasta que en mayo de 2021 el responsable del almacén avisó de que la mayor parte de las mascarillas caducarían en 2022 y uno de los modelos en 2023. “Aún tenemos margen para dar salida”, se indicaba, pero las mascarillas continuaron almacenadas.

VISITA DE LA GUARDIA CIVIL

En 2022 la Guardia Civil y la Fiscalía requirieron el expediente dentro de una investigación, y no constan movimientos hasta que en marzo de 2023, Manuel Palomino –como director general del IbSalut tras la salida de Juli Fuster– dirige un apercibimiento a la empresa.

Ureña ha remarcado que ese escrito tiene un valor puramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación.

En cualquier caso, cuatro días después de esa comunicación la empresa contestó rechazando las afirmaciones del Govern sobre los defectos del contrato, apoyándose en que lo suministrado era “conforme a lo convenido”, que serían mascarillas KN95 y no FFP2.

La empresa también razonó que era “completamente extemporáneo e improcedente” que en el marco de una contratación de emergencia se comunicaran supuestos defectos de suministro con tres años de retraso.

Aquel contacto fue el único hasta la propuesta de inicio de resolución parcial, un informe del subdirector de compras del 6 de julio donde ya se cifra en 2,6 millones de euros la compensación.

Con todo, según el Govern ahí tampoco comienza formalmente la reclamación, sino que se materializa el 24 de agosto de 2023. Por ello, Ureña ha afirmado que “antes del traspaso de poderes no hay una reclamación como tal”.

Así, en agosto se dictó una resolución resolviendo parcialmente el contrato, reclamando 2,6 millones de euros de compensación. En octubre se abrió un plazo a la empresa para presentar alegaciones.

NINGÚN CARGO DE LA EMPRESA HA HABLADO CON EL GOVERN ACTUAL

A raíz de ello, aquel mes un responsable de la empresa compareció en el IbSalut y solicitó tener acceso al expediente, y también visitó el almacén de logística. En ambas visitas fue atendida por funcionarios: “Ningún representante político ni directivo de la Conselleria ni el IbSalut ha mantenido ningún otro contacto con la empresa”, ha recalcado Ureña.

En esta línea, el director del IbSalut ha querido “disipar cualquier duda sobre la profesionalidad” de los trabajadores de la casa y la “adecuación a la normativa vigente”.

Así, el pasado noviembre la empresa presentó sus alegaciones esgrimiendo que debían aceptarse las mascarillas chinas, que sí serían de uso hospitalario, y recordando el certificado de conformidad de la administración, entre otros motivos. De este modo, en este momento el expediente se encuentra en fase de resolución de alegaciones.

Mascarillas que eran originalmente para otra administración

El Govern mantiene que el expediente no ha caducado y que, incluso si lo hiciera, no le impediría continuar reclamando

Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, la empresa investigada en el caso Koldo por presuntas mordidas en contratos de pandemia, ofreció al Govern por teléfono el envío del cargamento de mascarillas, un pedido que al parecer iba destinado a otra administración que por circunstancias que se desconocen no se las quedó.

Así se desprende de la documentación del expediente que ha desgranado este miércoles en una rueda de prensa el actual director general del IbSalut, Javier Ureña.

En concreto, el primer documento en el expediente es el correo electrónico que el 25 de abril de 2020, el titular de la empresa, Íñigo Rotaeche –uno de los investigados– dirigió al que entonces era director de Gestión y Presupuestos del IbSalut, Manuel Palomino.

Ese correo, con el asunto ‘Contenido avión 26/04/2020 KN95’, fue enviado tanto a la dirección corporativa de Palomino como a una de dominio particular.

Con todo, según se desprende de las alegaciones de la empresa el pasado noviembre, antes de aquel correo electrónico hubo una conversación telefónica, aunque los actuales responsables del servicio desconocen entre quiénes y en qué circunstancias.

En el mensaje, Rotaeche remitía documentación sobre la calidad de las mascarillas que transportaba un avión que llegaría a Barajas al día siguiente, un material que, se indicaba, podría llegar a Baleares.

No obstante, según Ureña, parece ser que el pedido iba originalmente destinado a otra administración, aunque desconocen por qué no se las quedó y se ofrecieron en su lugar a Baleares. De hecho, el director del IbSalut ha apuntado que “cuando ofrecen el cargamento del avión, o está saliendo o está ya en el aire, porque llega en horas a Baleares vía Madrid”.

Así, el mismo 25 de abril se valoró efectuar la compra y se iniciaron los trámites con la entidad que actuaría como representante aduanero del IbSalut para coordinar la entrega. El 27 de abril se levantó acta de conformidad de la recepción entre Soluciones de Gestión y el representante aduanero, de 1,4 millones de mascarillas en 1.329 cajas.

El 5 de mayo se ejecutó la orden de pago de los 3,7 millones y el 8 de mayo el Consell de Govern se dio por enterado de la contratación de emergencia. El 12 de mayo se publicó el anunció en la Plataforma de Contratación.

Fue posteriormente que se practicaron análisis al material recibido y se comprobó que no cumplía los requisitos de una mascarilla FFP2, motivo por el que el Govern ha formulado reclamación económica.

El equipo saliente del IbSalut no comunicó al PP que se investigaba el contrato

Tras la visita de la Guardia Civil no constan movimientos hasta el apercibimiento a la empresa en 2023, sin efectos jurídicos propios

El anterior equipo de la Conselleria de Salud y el Servicio de Salud de Baleares (IbSalut) no comunicó a los gestores entrantes del Govern del PP que la Fiscalía Anticorrupción investigaba el contrato de 3,7 millones de euros con la empresa clave en el caso Koldo.

Así lo ha expuesto el actual director general del IbSalut, Javier Ureña, en una rueda de prensa en la que ha exhibido el voluminoso tomo del traspaso de competencias, enfatizando que en él no se hace ninguna mención específica a esta investigación a pesar de que el Govern ya tenía constancia de ella desde 2022.

En detalle, según ha explicado, fue en julio de 2022 cuando la Fiscalía comunicó las diligencias de investigación al Govern y solicitó toda la documentación, para lo cual efectivos de la Guardia Civil visitaron en persona el IbSalut. El 19 de julio se entregó lo solicitado a la Unidad Central Operativa (UCO), en papel y en un pendrive.

Ureña ha resaltado que, a partir de esa fecha, no consta “ninguna actuación más” por parte del Govern hasta el apercibimiento, ya en marzo de 2023, con el que su predecesor, Manuel Palomino, anunciaba a la empresa medidas porque las mascarillas no cumplían con las características esperadas. El director general del IbSalut ha puntualizado que ese escrito tiene un valor puramente comunicativo sin efectos jurídicos como reclamación.

“Me llama poderosamente la atención que la Guardia Civil se persone en 2022 y los meses siguientes no hayamos podido detectar ningún movimiento al respecto hasta marzo del año siguiente”, ha recalcado Ureña.

Tampoco consta que el IbSalut diera aviso a la Abogacía de la Comunidad por la visita de la Guardia Civil.

Los traspasos de poderes en la Conselleria de Salud y el IbSalut tuvieron lugar el 11 y 12 de julio. “Estuve en los dos, en ninguno se mencionó este expediente”, ha protestado Ureña, mostrándose consciente de que es un procedimiento “como cientos” hay en el IbSalut, pero no resaltando que no se informara de que éste en particular lo investigaba la Fiscalía.

Asimismo, Ureña ha comentado que en el caso de otro envío de material “que nunca llegó” “sí que se hicieron actuaciones más diligentes” para reclamar el dinero.