El PSIB ha considerado al PP “máximo responsable” de la indemnización de 96 millones de euros que el Govern debe pagar a una empresa de Matthias Kühn y ha pedido el cese del asesor técnico de la Conselleria de Vivienda, Territorio y Movilidad Antonio Gómez, al considerarlo “culpable de regalarle a Kühn la posibilidad de construir en Muleta II cuando era vicepresidente del Govern”.
En una nota de prensa este jueves, la formación socialista ha considerado que “es el PP quien tiene que pedir perdón cesando a Antonio Gómez, como causante de un acuerdo cuando era vicepresidente con Kühn para favorecer la construcción de Muleta II”.
Según la diputada del PSIB Mercedes Garrido, dicho acuerdo se hizo “con los informes en contra” del Ayuntamiento de Sóller y del departamento de territorio del Consell de Mallorca, ambas instituciones gobernadas por el PP.
Garrido ha hecho referencia a que el Govern de Francesc Antich descalificó los terrenos de la urbanización Muleta II, en el puerto de Sóller, propiedad de Kühn. Posteriormente, en 2013, el Govern de José Ramón Bauzá acordó con el empresario la reclasificación de Muleta II como suelo urbano a cambio de retirar un litigio judicial iniciado por Kühn contra la desclasificación del Ejecutivo anterior.
En esta línea, ha subrayado que la Ley Company (7/2012) señala que se podrán incorporar como urbanos terrenos previamente transformados “que cuenten con los servicios plenamente funcionales y suficientes”. Esto supone, según la socialista, “un regalo para Matthias Kühn que pagaremos todos”.
Asimismo, ha dicho que estos servicios “no existen”, a pesar de que “un informe realizado por peritos externos dijo lo contrario y fue éste el que supuso que el Tribunal Superior de Justicia aceptara los terrenos como urbanos”.
La diputada ha criticado que el acuerdo entre el Govern y el empresario “no tenía en cuenta” al Ayuntamiento de Sóller, que debía modificar su planeamiento urbanístico para dar luz verde al proyecto de urbanización. “Esto no sucedió, por lo que en la práctica los terrenos de Muleta II seguían siendo terreno rústico protegido”, ha puntualizado.
La posterior aprobación de la Ley 12/2017, de urbanismo de Baleares, durante la etapa del Govern de Francina Armengol, reclasificó de nuevo como suelo rústico protegido estos terrenos.
Con todo, para Garrido, la sentencia demuestra que hay “dos formas de mirar el territorio”: “La del PP que cada vez que puede destruye el territorio, otro ejemplo es el de la consellera de Vivienda, Marta Vidal, que ha anunciado que legalizará las viviendas ilegales en suelo rústico, y el modelo de la izquierda, que intenta proteger y conservar el territorio”.
Por otro lado, ha advertido que “ahora el Govern deberá esclarecer cómo y a quién pagará la indemnización, puesto que los terrenos de Muleta II son propiedad de la Sareb”.
Igualmente, ha considerado que la sentencia “no debería comprometer el presupuesto” del Govern porque la presidenta, Marga Prohens, “era consciente que este pleito estaba en marcha, por el hecho que el actual jefe de la abogacía era el jefe de departamento en la pasada legislatura y porque el pleito lo lleva personalmente el número dos de la abogacía actual”.
Por último, Garrido ha mostrado su “satisfacción” por el hecho que Muleta es un espacio protegido, “mientras que con el PP tendríamos 33 macrochalets en la montaña del puerto de Sóller”.
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